De no ocurrir un milagro o alguna poco probable intervención armada con refuerzos del extranjero, el sueño presidencial del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien se impuso en las elecciones de julio, no pasará de eso, un sueño desde su asilo político en España, aunque alega que estará de regreso en Caracas para tomar posesión el próximo 10 de enero, como establece la Constitución de ese país.

Así lo ven muchos analistas como Phil Gunson, analista senior de Crisis Group, quien dice que «no se trata de normalizar la dictadura», sino de «reconocer la dura realidad».

El presidente chavista, Nicolas Maduro, quien fue proclamado presidente reelecto y ganador de los comicios del 28 de julio por el Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró esta semana que juramentará el 10 de enero en «paz y tranquilidad» ante «la única» Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Esto adelantándose a cualquier intento de juramentar a González Urrutia ante el Parlamento de 2015, respaldado por Washington, al cual calificó de «farsa» y «estupidez».

El régimen sostiene amenaza de detención a González Urrutia:

Esta misma semana, el ministro de Interior, Diosdado Cabello expresó: «El 10 de enero el único que va a juramentar se llama Nicolás Maduro. No hay ni una sola posibilidad, ni una, ni media posibilidad, que el señor ‘Inmundo’ González ponga un pie en Venezuela sin ser detenido”, aseguró Cabello en conferencia de prensa, poniendo en relieve la cobardía de González Urrutia, de 75 años, de buscar asilo en el extranjero.

De hecho, el pasado 11 de diciembre, el propio Maduro, quien acusa a González Urrutia de promover desde su refugio en Madrid una guerra civil en Venezuela, amenazó al líder opositor: “Cuidado con lo que dices desde allá, que tiene consecuencias graves, ¿oyó? Cuidado con tus palabras, no te equivoques con el pueblo de Venezuela… No juegues con candela, respeta a Venezuela”, expresó Maduro.

Presión internacional para intervenir a Maduro:

No tan solo 30 países han reconocido la legitimidad de la victoria de González Urrutia, entre ellos Estados Unidos y los que componen la Unión Europea, sino que la presión para forzar una intervención que desemboque en la detención de Maduro continúa, conscientes de que el 10 de enero es una fecha definitoria que terminará enviando un claro mensaje al mundo.

Tal es el caso de la Proposición no de Ley (PNL) promulgada el 13 de diciembre por el Congreso de los Diputados de España instando al Gobierno a apoyar la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en torno a la comisión de crímenes de lesa humanidad del régimen de Maduro. Sin embargo la iniciativa no tiene carácter vinculante, más allá de poner presión.

De hecho, existe frustración internacional ante la impunidad y permanencia en el poder de Nicolás Maduro, sin consecuencia alguna.

Tal es el caso de Caudio Grossman, asesor especial del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y reconocido abogado de derechos humanos, quien renunció la pasada semana a su cargo ante la falta de acción y demora en la investigación sobre las alegadas violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Por su parte la CPI se limitó a emitir un comunicado indicando que la función de Grossman había finalizado conforme a su contrato y agradecía «la experiencia y el trabajo que ha prestado».

Poco probable intervención de Washington:

La intervención del gobierno estadounidense es poco probable, al menos en los próximos 30 días, ante el anacronismo en términos de administración e incertidumbre en cuál será con precisión la política del presidente electo Donald Trump, con relación al gobierno y situación de Venezuela.

El «nuevo» mandatario juramentaría el próximo 20 de enero, unos 10 días después de la juramentación de Maduro.

Por lo que no se prevé que la administración Biden inicie alguna acción determinante en Venezuela ante un marco tan apretado de tiempo.