Como parte de su Informe Anual 2025, presentado ante el Congreso, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presenta “una de cal y otra de arena” al señalar por un lado que el presupuesto fiscal 2026, producido en colaboración con la actual administración de gobierno es uno balanceado, el cual aunque podría convertirse en el primero de los cuatro presupuestos balanceados que requiere la Ley PROMESA para la salida del ente a cargo de supervisar las finanzas y planes fiscales del gobierno, no ha demostrado ni garantiza que éste tenga la capacidad para mantener sucesivamente ese balance sin su presencia.

Y aunque suene antipático a muchos, puede que las declaraciones de la JSF no sean del todo falsas ni se produzcan en un vacío, toda vez que la tendencia observada en proyectos aprobados por el gobierno y rechazados luego por la Junta, en donde se asignan fondos inexistentes o dependientes de escenarios fiscales no garantizados o bajo la política de desvestir santos, tampoco ofrecen mucha seguridad en torno al buen criterio en control de gastos y sanos oficios fiscales del Gobierno de Puerto Rico.

La función principal de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico es lograr y mantener la responsabilidad fiscal de la isla, para lo cual, supervisa las finanzas del gobierno, revisa y certifica los presupuestos y planes fiscales, y dirige la reestructuración de la deuda para cumplir con los objetivos de la ley federal PROMESA.

De hecho, en su informe la JSF asegura haber detenido medidas que hubieran aumentado en más de $30,000 millones de dólares las obligaciones no financiadas del Gobierno.

La JSF quien le atribuye los avances y disciplina fiscal alcanzada durante los nueve años de incumbencia en Puerto Rico, a su gestión, más que a los gobiernos de turno, asegura que “por ahora, solo la presencia de la Junta evita que Puerto Rico vuelva a caer en déficits presupuestarios”.

El ente fiscal se atribuye haber revertido la recurrente situación de déficits estructurales constantes en el Gobierno central; así como haber reducido en cerca de un 60% las obligaciones principales del país. Según la JSF el pago anual destinado al servicio de deuda se redujo de $4,200 millones a $1,150 millones de dólares. Esto además de haber logrado una reducción de decenas de miles de puestos en el sector público desde que asumió sus funciones.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, y no todo está contenido en ese informe y sus notas al calce.

En una nota publicada a principios de 2025 en el medio digital especializado en finanzas Sin Comillas, titulado: “Lo que Cuesta la Junta de Control Fiscal”, se hace referencia a un informe de Espacios Abiertos que revela que la JSF “ha gastado en consultores, asesores y abogados $2,022 millones… Los gastos exceden significativamente el estimado original de $370 millones que hizo el Congreso de Estados Unidos del costo que tendría la Ley PROMESA”, reza la nota.

En el desglose de los gastos antes mencionados, el informe presenta: “$308.11 millones en pagos a consultores y representación legal contratados fuera del proceso de Título III; $11.3 millones para el Oficial Examinador y $1,702.5 millones para aquellos consultores contratados dentro de los procesos de Título III en el tribunal federal” y como dato interesante, se trae a colación que “ningún ente local o federal fiscaliza estos gastos”.