Las autoridades federales de inmigración de Estados Unidos han revelado que más de 425,000 inmigrantes ilegales condenados por delitos, incluyendo más de 13,000 condenados por homicidio, están actualmente en la lista de «no detenidos» del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esto significa que estas personas no están bajo custodia directa del ICE y, en muchos casos, podrían estar moviéndose en libertad dentro del país, aunque algunos podrían estar sujetos a distintos tipos de supervisión o detenidos por otras agencias.

Esta información pone en relieve las aseveraciones del candidato presidencial republicano, Donald Trump, quien utiliza como punta de lanza precisamente la ineficacia de la administración Biden en controlar el ingreso desmedido de inmigrantes, y sus acusaciones de que se trata de criminales.
Los datos trascendidos provienen de una carta del subdirector del ICE, Patrick Lechleitner, al congresista Tony Gonzales (R-Texas), quien expresó su preocupación por la presencia de estos inmigrantes con antecedentes penales.

Según la carta, hasta el 21 de julio había más de 662,000 inmigrantes ilegales con antecedentes penales en el sistema del ICE. De ellos, 435,719 ya han sido condenados por delitos, mientras que otros 226,847 enfrentan cargos pendientes. Sin embargo, de los que ya han sido condenados, solo 425,431 están en la lista de «no detenidos», lo que sugiere que no están bajo la custodia directa del ICE.

Aunque el número de personas no detenidas es alto, esto no significa necesariamente que todas estas personas estén libres en las comunidades. Algunas podrían estar cumpliendo condenas en prisiones federales, estatales o locales, o bajo diversas formas de supervisión legal, como el control electrónico o la libertad condicional. También hay quienes ya cumplieron sus penas, pero siguen bajo supervisión del ICE mientras esperan la resolución de sus casos de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional ha aclarado que estos datos abarcan un período de aproximadamente cuatro décadas y que muchas de las decisiones sobre la custodia de estos inmigrantes se tomaron antes de la administración actual. Asimismo, algunas de las personas en esta lista pueden estar bajo la jurisdicción de otras agencias del orden público, ya sean federales, estatales o locales.

Este panorama refleja un sistema migratorio complejo donde, a pesar de los intentos por gestionar mejor la seguridad fronteriza, un gran número de inmigrantes con antecedentes penales sigue en libertad bajo supervisión parcial o sin custodia, lo que ha generado inquietudes políticas sobre la seguridad nacional.

Por su parte, la candidata demócrata y vicepresidenta, Kamala Harris ha asegurado que establecerá políticas aún más restrictivas en la frontera, incluyendo la expulsión del país y la prohibición de volver a ingresar al EE.UU. durante cinco años.