La estabilidad del sistema educativo en Puerto Rico enfrenta un nuevo reto tras la reciente solicitud de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al Departamento de Educación (DE) para que detalle el uso de fondos federales no recurrentes y sus implicaciones en el presupuesto de la agencia.

El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Bonilla, expresó su preocupación ante la posibilidad de que la falta de planificación afecte servicios esenciales en las escuelas públicas de la isla.

Actualmente, el 50 % del presupuesto del DE proviene de fondos federales que han sido utilizados para cubrir gastos operacionales, incluidos mantenimiento, seguridad y educación especial.

En una carta enviada el pasado 7 de marzo, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica Jr., solicitó que el Departamento de Educación entregue, antes del 14 de marzo, un informe detallado en el que explique en qué se han usado los fondos de emergencia y qué gastos requieren financiamiento continuo.

La preocupación principal de la Junta es que estos fondos federales, asignados tras la pandemia y otras emergencias, dejaron de estar disponibles en septiembre de 2024, lo que podría afectar la sostenibilidad de los programas que dependen de ellos.

Bonilla entiende que el DE debe establecer un plan de contingencia en caso de que no se identifiquen fondos alternos: “Nosotros ya hicimos un ejercicio con el presupuesto consolidado e identificamos las partidas que dependían de fondos federales. Esto ascendió a cerca de $2,500 millones. Ahora le corresponde al DE definir cómo continuará ofreciendo los servicios sin depender de esos recursos y si utilizarán fondos estatales o del Fondo General del Gobierno”, declaró el líder magisterial.

Por su parte, el secretario de Educación, Eliezer Ramos, aseguró que la nómina del magisterio no se verá afectada, aunque reconoció que algunos servicios podrían experimentar cambios o reducciones. A pesar de estas declaraciones, el gremio magisterial teme que la falta de un plan de acción concreto ponga en riesgo el funcionamiento de las escuelas.

Desde el 2021, el Departamento de Educación ha recibido aproximadamente $4,600 millones en fondos de emergencia, utilizados en programas de apoyo académico, infraestructura escolar y servicios a estudiantes con necesidades especiales. Sin embargo, al ser recursos temporales, la JSF insiste en que el Gobierno debe establecer estrategias para garantizar la continuidad de estos servicios sin depender de asignaciones extraordinarias.

Víctor Bonilla reiteró que la AMPR discutirá este asunto en su próxima reunión con el secretario de Educación y urgió a la administración a desarrollar soluciones sostenibles para evitar interrupciones en el sistema educativo. Además, advirtió que los maestros y la comunidad escolar estarán atentos a las acciones que se tomen en los próximos días.

Toda esta dinámica de acciones y reacciones se producen bajo la sombra de un Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) presto para entrar en la escena del gasto, despilfarro y falta de uso de fondos federales en Puerto Rico y de la política pública del presidente Trump, junto a su intención de implosionar el Departamento de Educación federal.