La Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha reclamado a la Junta de Control Fiscal el cumplimiento de la Ley Núm. 92 del 2024, que establece un presupuesto operacional de $500 millones para la UPR.

Según la Junta Universitaria, la interpretación de la Junta de Control Fiscal redujo el presupuesto a $441 millones, asignando los $59 millones restantes a otros usos específicos, lo que generó una reducción significativa en los fondos operativos para el año fiscal 2024-2025. Esta situación ha llevado a un déficit estructural en la UPR de aproximadamente $63 millones, afectando áreas críticas como el mantenimiento de infraestructura, el reclutamiento de personal y el aporte patronal al sistema de retiro.

En mayo de 2024, la UPR promovió el Proyecto de la Cámara 2002 para aclarar que los $500 millones deberían destinarse completamente a la operación de la universidad, culminando con la firma de esta ley por el gobernador Pedro Pierluisi en junio de 2024. No obstante, el presupuesto para el año fiscal actual volvió a ser de $441 millones, lo que no cumple con la intención original de la ley.

El doctor Miguel Vélez Rubio, rector del Recinto de Bayamón, enfatizó la necesidad de estos fondos para mantener un presupuesto operacional balanceado y afrontar proyectos críticos. A pesar de los recortes, la UPR ha mantenido una operación fiscal responsable y al día con el pago de su deuda pública.

Por su parte, tanto el doctor Rafael Méndez Tejeda, representante de los claustrales, como Sebastián Segarra, representante estudiantil, destacaron la importancia de la UPR para el desarrollo cultural, educativo y socioeconómico de Puerto Rico, y la necesidad de invertir en su futuro.

La UPR ha experimentado recortes masivos en los últimos años, lo que ha impactado negativamente su infraestructura, el reclutamiento de personal y la calidad de los servicios ofrecidos.

La situación actual evidencia la necesidad urgente de que las autoridades asignen los fondos necesarios para asegurar la continuidad y calidad de la educación superior pública en Puerto Rico, reafirmando el compromiso con el desarrollo del país.