Después de que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Luisiana, emitiera en julio de este año, una orden restringiendo la comunicación de la administración Biden con las empresas de redes sociales, mientras está en curso una demanda que alega que una serie de funcionarios federales de alto nivel presionaron a las empresas de redes sociales para censurar la libertad de expresión, una orden avalada el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU., el Supremo federal revocó la misma en una apretada decisión 4-3.
Lo cual provocó que el juez asociado del Supremo federal, Samuel Alito, (foto superior) emitiera una opinión disidente, expresándose en contra de la decisión y dejando ver su preocupación en torno a la censura del gobierno sobre la opinión privada de los estadounidenses.
Algo que tomó mayor relevancia durante la pasada pandemia del COVID-19, cuando en aras del alegado “bien común” se eliminaban publicaciones y se suspendían cuentas, por el mero hecho de poner en duda la eficacia de las controvertidas vacunas y mencionar temas como riesgos y casos de reacciones adversas.
Esta censura promovida por el gobierno, y que involucra al FBI, los CDC y funcionarios de alto perfil, no se limitaba a las vacunas y el COVID-19, sino que incluía temas como el fraude electoral y los desvaríos e ilegalidades del hijo de Biden, Hunter Biden, entre otros.
“En este momento de la historia de nuestro país, me temo que algunos considerarán que lo que ha hecho la Corte da luz verde al Gobierno para utilizar tácticas de mano dura para sesgar la presentación de opiniones en el medio que domina cada vez más la difusión de noticias (redes sociales). Eso es muy desafortunado… La censura gubernamental de la expresión privada es la antítesis de nuestra forma democrática de gobierno y, por lo tanto, la decisión de hoy (pasado viernes) es muy preocupante… En lugar de proporcionar pruebas concretas de que ‘el daño es inminente’, el Gobierno ofrece una serie de declaraciones hipotéticas… Pero las hipótesis son sólo eso: especulaciones de que el Gobierno ‘podría sufrir un daño irreparable en algún momento en el futuro’, no pruebas concretas”, expresó en su escrito el juez Alito.
La función de las redes sociales en bloquear información fidedigna, calificándola de desinformación, mediante una agresiva aplicación de censura, aportó significativamente a que millones de personas no se enteraran de las reacciones adversas graves que estaban provocando las vacunas contra el COVID-19 y las advertencias que activistas pro derechos humanos, periodistas, médicos y científicos estaban tratando de hacerle llegar a la población.