El juez Terry A. Doughty del Tribunal de Distrito federal de Luisiana, emitió una orden preliminar prohibiéndole al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Estado de EE.UU. y el Departamento de Justicia (DOJ), incluyendo el FBI, tomar acciones en coordinación con las grandes empresas tecnológicas y redes sociales conducentes a la censura de publicaciones de usuarios, algo que fue la orden del día durante la pasada pandemia del COVID-19.
La orden se da en el contexto de una demanda interpuesta en 2022 por los fiscales generales de Luisiana y Missouri, quienes alegan que el gobierno federal se extralimitó al solicitarle a las empresas de redes sociales intervenir con publicaciones que pudieran sembrar dudas entre la población con respecto a vacunarse o en temas de corte político que pudieran alegadamente afectar las elecciones.
El juez fue más allá y redactó un memorando, en donde establece que los demandantes podrían tener éxito en probar que “el Gobierno ha utilizado su poder para silenciar a la oposición” y desgloza qué tipo de información fue silenciada: “Oposición a las vacunas COVID-19; oposición al enmascaramiento y bloqueos de COVID-19; oposición a la teoría de fugas de laboratorio de COVID-19; oposición a la validez de las elecciones de 2020; oposición a las políticas del presidente Biden; declaraciones de que la historia de la computadora portátil Hunter Biden era cierta; y oposición a las políticas de los funcionarios del gobierno en el poder. Todos fueron suprimidos”, expresó Doughty.
Por su parte, el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, expresó en su cuenta de Twitter su datisfacción con la orden emitida el pasado 4 de julio: “La Corte ha concedido nuestra moción para BLOQUEAR a los altos funcionarios del gobierno federal para que no violen los derechos de la Primera Enmienda de millones de estadounidenses. Qué manera de celebrar el Día de la Independencia”.
La orden del juez es otra señal de un cisma abismal en la sociedad estadounidense y algunos gobiernos estatales con oído en tierra, con relación a las nuevas e inconcebibles políticas de rampantes violaciones de derechos por parte del gobierno federal.
De ser finalmente adjudicada la controversia a los demandantes, sería prácticamente seguro que este caso termine ante el Tribunal Supremo de EE.UU.

ACTUALIZACIÓN:
Como era de esperarse, la administración Biden presentó el 7 de julio un recurso ante el Tribunal de Apelaciones para revocar la orden de Doughty, alegando que esta produciría un “daño irreparable” al gobierno, toda vez que impediría al gobierno “hablar de asuntos de interés público y trabajar con las compañías de redes sociales sobre iniciativas para impedir daños graves al pueblo estadounidense y a nuestros procesos democráticos… Estos daños inmediatos y continuos para el gobierno exceden cualquier peligro de perjuicio para los demandantes si se concediera la suspensión”, reza la moción.
Como mencionamos anteriormente, este caso pica y se extiende, y seguramente terminará ante el Supremo federal.