Después de que el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero Díaz anunciara con bombos y platillos que durante una vista ómnibus sobre el estatus de los diversos casos relacionados a la quiebra y restructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico, en la Corte federal del Distrito Sur de Nueva York, la jueza Laura Taylor Swain confirmaría el cierre del caso de la bancarrota de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), en donde las partes alcanzaron un acuerdo, la jueza detuvo el malletazo y no acogió la moción presentada por los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal (JCF), debido a que quedan aún asuntos por resolver.

En la moción, la JSF aseguraba que no existen objeciones al cierre del caso de Cofina y que se habían completado todos los pagos y disposiciones contenidos en el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de dicha corporación pública.

Sin embargo, la jueza federal expresó en sala: «Nos percatamos de que hay una aplicación final por honorarios todavía pendiente referente a servicios prestados por una firma legal a Aafaf, por lo tanto, no veo cómo pueda tomar una determinación sobre esto hasta que este asunto sea resuelto”, indicó Swain.

El asunto pendiente al que se refirió Swain es una reclamación de $8.6 millones por parte de la firma de abogados O’Melveny & Myers LLP por asesoramiento legal a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) en el proceso de reestructuración de la deuda de Cofina.

Aprueba acuerdo entre Cobra y AEE:

En la vista, en la cual también se atendió el estatus de los casos relacionados a las deudas de Cobra Acquisitions y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), así como del Sistema de Retiro de Empleados del gobierno central y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), la jueza aprobó un acuerdo que ronda los $188 millones entre Cobra y la AEE sobre el pago de facturas aprobadas por la Agencia para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), por concepto de servicios prestados tras el paso del huracán María.

Este era un caso, en donde no se vislumbraba una confirmación de acuerdo, al menos no inmediata, toda vez que existían objeciones de municipios y entidades privadas, alegando entre otras cosas que el acuerdo ponía en riesgo el cobro de unos $75 millones en arbitrios y patentes, que alegadamente son adeudados por Cobra por servicios prestados por los ayuntamientos tras el huracán María. Este caso está pendiente en el foro estatal.

Existe una moción de embargo de propiedad a Cobra por parte de los municipios y la AEE hizo alegaciones de que la misma le pertenece. En ese sentido la jueza expresó: “La corte entiende las preocupaciones prácticas de los municipios sobre el flujo de efectivo para las obligaciones, y la dificultad de buscar el dinero, sin embargo el tribunal se tiene que concentrar en las provisiones de la paralización automática y el acuerdo objetado a la hora de decidir. En ese sentido, los municipios no han presentado una base para apoyar sus argumentos de que la propiedad que buscan embargar no le pertenece a la AEE”, puntualizó Swain.