Esto según una moción presentada ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) por el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), quien solicitó que se detenga la aprobación del controvertido contrato “hasta que la Junta de Gobierno de la AEE esté debidamente constituida de acuerdo a la ley”.

Y es que no se trata de bañarse, vestirse y acudir a una reunión para un voto planchado, sino más complejo aún: llenar vacantes en la Junta de Gobierno.

De las siete sillas que componen dicho cuerpo, al menos cuatro están vacantes, incluyendo la del representante de los consumidores, por lo que el acuerdo de renegociación fue aprobado por los únicos dos integrantes en función: el ingeniero Memphis Cabán Rodríguez y Maricarmen Boria Goitía.

«La gobernanza apropiada de la AEE es una de las razones por las que se creó este Negociado en primer lugar… Este Negociado, como autoridad reguladora del sector energético, tiene la responsabilidad de asegurar que la gobernanza de la AEE no sólo sea consistente con la política pública energética, sino que sea legal”, reza el documento sometido por el ICSE.

Hablamos de la puerta de entrada a una controvertida renegociación que obtuvo el aval de la gobernadora Jenniffer González Colón y que alegadamente traería consigo sobre $800 millones en ahorros.

Sin embargo, según ha trascendido, de aprobarse la renovación del contrato este conllevaría el pago de $110 millones a cambio de eliminar las bonificaciones estipuladas en el contrato negociado previamente.