En un nuevo ángulo dentro de la batalla legal con los bonistas y acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reafirmó ante el tribunal federal de quiebras que continuará supervisando las finanzas de la corporación pública, incluso si los bonistas logran que se designara un síndico. Este planteamiento surge como respuesta a la petición de los bonistas para desestimar la quiebra de la AEE, levantar las protecciones y maximizar el repago de la deuda.

La JSF sostiene que, aún sin el proceso de quiebra bajo el Título III de la Ley PROMESA, los Títulos I y II le otorgan el control exclusivo del Plan Fiscal y el presupuesto de la AEE, lo que haría irrelevante cualquier gestión de un síndico designado por los bonistas. Además, la JSF se reiteró en su postura que el máximo que los bonistas podrían recuperar es $2,600 millones, algo contrario a la determinación del Tribunal de Apelaciones que concluyó que éstos tienen derecho al cobro de la totalidad estimada en $8,500 millones sobre los ingresos netos. La JSF enfatiza que el cobro sobre los ingresos netos de la AEE se torna nulo o académico, esto debido al aumento en los gastos operacionales.

Un nuevo enfoque en el pago de la deuda:

Por primera vez, la JSF propuso que el repago de la deuda de la AEE provendría de fondos públicos de otra fuente distinta a la tarifa de energía, específicamente de recursos destinados a la población más vulnerable de la isla.

Este cambio ha generado críticas por parte de la gobernadora Jenniffer González Colón y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Francisco Domenech Fernández, quienes lo calificaron como «inaceptable» y prometieron solicitar modificaciones al Plan Fiscal.

Los bonistas aprovecharon estas declaraciones por parte de La Fortaleza para argumentar ante el tribunal la necesidad de desestimar la quiebra y designar su propio síndico.

La Junta respondió afirmando que sus decisiones no son revisables por ningún tribunal, ya que el Congreso les otorgó poder absoluto sobre el plan fiscal de la isla para evitar influencias políticas.

El debate sobre la energía renovable:

La disputa también refleja diferencias entre la JSF y la administración de gobierno respecto a la transición hacia energías renovables.

Mientras que la Junta evalúa eliminar los requisitos de energía limpia, establecidos en la Ley 17 para reducir costos, la AAFAF advirtió que solo apoyará proyectos renovables que sean económica y operacionalmente eficientes.

Como parte del proceso en curso, la JSF se comprometió a presentar el 17 de marzo un Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) enmendado, que detalle de dónde saldrían los fondos para pagar la deuda.

Previo a esa fecha y de manera paralela, se esperan propuestas dentro del proceso de mediación para definir qué dinero puede considerarse «ingreso neto» y hasta qué punto los bonistas pueden reclamar intereses adicionales sobre la deuda, las cuales deben ser presentadas el 14 de marzo.

El desenlace de este extenso conflicto, al parecer en sus capítulos finales, determinará no solo el futuro financiero de la AEE, sino también el impacto en la economía y la política energética de Puerto Rico.