Con la eliminación del artículo 2.02 L del Proyecto del Senado 258, que facultaba a las farmacias del país a realizar una serie de pruebas de laboratorio e interpretar los resultados, la Conferencia Legislativa pone fin al intento de este sector de guisar con lo que por décadas ha sido la función de los laboratorios clínicos en la Isla.
Esto tras una férrea oposición por parte del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico (CTMPR) y la Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC).
En uno de los repetidos comunicados y expresiones públicas, la ALC había expresado que son los laboratorios los que “cuentan con el conocimiento clínico, educación, experiencia y manejo experto del equipo técnico para las pruebas de laboratorio”.
El presidente de la ALC, Wilson López había expresado: “Nuestra gente debe seguir contando con la pericia y la exactitud que ofrecen los resultados de pruebas hechas en los laboratorios Clínicos. La Asociación ha hecho su labor de educar y advertir las consecuencias e implicaciones de aprobarse este proyecto con esa defectuosa enmienda”, había indicado López, tras advertir que el controvertido proyecto de la autoría de Carmelo Ríos y Gregorio Matías, afectaría a sobre 1,000 laboratorios que ofrecen esos servicios en la Isla y a más de 5,000 empleados.
El proyecto y muy en especial el artículo 2.02 estaba siendo impulsado por las grandes cadenas de farmacias.
Tras la determinación de la Conferencia Legislativa, el director ejecutivo de la Cooperativa de Laboratorios, Teodoro Rolón, dejó claro que ese colectivo profesional estará muy pendiente a cualquier nueva iniciativa que pudiera surgir con fines similares: “Continuaremos vigilantes ante legislación futura que promueva endilgar modelos que no son viables ni necesarios en nuestro entorno”, expresó Rolón a miembros de la prensa del país.