La meta de alcanzar el objetivo de 40% de generación de energía con fuentes renovables para 2025, establecida en la Ley 17-2019 conocida como Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico e impulsada por el Departamento de Energía de Estados Unidos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), se ve cada vez más distante y prácticamente imposible de alcanzar.

También se establece en la ley y política pública alcanzar un 60% de generación de energía con fuentes renovables para 2040 y 100% para 2050.

Lo cierto es que el Centro para una Nueva Economía (CNE) advirtió a principios del mes de octubre en su informe, armando el rompecabezas energético de Puerto Rico, que en la isla está muy lejos de alcanzar el objetivo del 40% y ubica la producción de este tipo de energía a mediados de 2023, en un 4%. Expertos ubican entre un 6% y un 8% la producción de energía renovable en el país.

Bajo ese marco de referencia y a poco más de dos meses para despedir el 2024 y entrar en una transición de gobierno en enero, sumado a un crecimiento de poco más de un 2% en el volumen de producción, no hay que ser Nostradamus para vaticinar que el 40% no pasa de ser una utopía a no ser que cosas extraordinarias sucedan, incluyendo un milagro.

Más que sanciones y halones de oreja por parte de Casa Blanca, lo que puede esperarse es más pérdida de credibilidad en el gobierno de Puerto Rico por parte de las autoridades federales que financian la solución energérica de los puertorriqueños.

Hasta la licitación de proyectos pisan y no arrancan:

Tan reciente como el 23 de octubre de 2024, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) emitió una resolución y orden rechazando todas las propuestas de energía renovable y almacenimiento presentadas en la tercera fase de licitación, debido a que «excedían los niveles de precios base considerados razonables durante su evaluación de las solicitudes de propuestas de la segunda fase de licitación… han sido, y continúan siendo, significativamente más altos que los precios a nivel nacional en los Estados Unidos. En consecuencia, la Oficina de Energía coincide con la recomendación del Comité de Selección de no seguir adelante con la solicitud de propuestas del Tramo 3″, expone el documento.

Y es que en el análisis utilizado por el Negociado para llegar a sus conclusiones, se concluye que los costos propuestos serían muy altos para “proporcionar a los abonados electricidad justa y asequible».
Algo que no es la primera vez que cae como un bloque sobre la mesa y que rompe con el ideal de energía limpia y económica. Lo cual, sumado a la inflación y el potencial de que nuevas políticas públicas en Washington, en el ámbito de mercado, manufactura e importación, disparen los precios de los componentes en los sistemas, pudiera convertirse en un lastre adicional para alcanzar la materialización del sueño.