Tras la firma de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), aprobada por el Congreso en 2022, el ejecutivo quedó facultado en ley para negociar directamente a través del programa Medicare, el precio de los medicamentos con las farmacéuticas.

Aprovechando esa facultad, el presidente Joe Biden anunció la firma de acuerdos que reducirán entre un 38% y un 79%, los precios de los medicamentos en EE.UU. y sus territorios, incluyendo Puerto Rico, y que entraría en vigor en 2026.

Hablamos de una reducción en los precios de los 10 medicamentos más costosos de Medicare.

Tras la firma de estos acuerdos surgen muchas preguntas sobre aspectos que no están del todo claro; entre estas: ¿Los descuentos aplicarán solamente a los 67 millones de beneficiarios del Medicare o a cualquier ciudadano con o sin plan médico privado que acuda a su farmacia local?

Algunos activistas de los derechos civiles en EE.UU. han comenzado a levantar bandera y argumentar que de estar limitada esta reducción a los beneficiarios del Medicare, estaríamos hablando de una práctica discriminatoria con potenciales consecuencias legales.

Medicare es el principal cliente de las farmacéuticas en EE.UU.

El gobierno estadounidense no peca de ingenuo y durante décadas permitió un mercado de precios abusivos no regulados por parte de las farmacéuticas sobre los consumidores.

Es harto conocido, que fármacos producidos en EE.UU., a precios tan bajos como $1.75 por unidad y mucho menos, son vendidos a $150 o mucho más, mientras en países extranjeros como España o Canada, donde son exportados, se venden entre $6 y $10 dólares o menos.

Debajo de la lupa pasan cosas:

Otro aspecto que ha levantado suspicacia es el alegado aumento en venta de anticoagulantes en EE.UU., y precisamente esos medicamentos están en la primera fila de los fármacos negociados.

El renglón de anticoagulantes orales es uno de los mayores, sino el de mayor crecimiento (9.8% en 2023), y se pronostica un descomunal aumento en venta y valor de mercado a nivel mundial entre lo que resta de 2024 y 2032 (menos de 8 años), según datos del Global Market Insight.

Hablamos de una proyección de aumento de $39.2 billones a $95.2 billones en 2032.

¿Pero a qué se debe este astronómico e inusual consumo de anticoagulantes?

Una de las razones que dan los expertos son los alegados efectos coagulantes del COVID-19, al amparo del siempre conveniente depositorio de explicaciones: el omnipresente COVID Largo.

Sin embargo, existe un amplio sector de la comunidad científica que le atribuye a las tóxicas vacunas del COVID-19, una amplia gama de cardiopatías y efectos adversos hematológicos, entre ellos, los peligrosos coágulos.

En gran medida, el «Long COVID» parece haberse convertido en el chivo expiatorio de los defensores de las tóxicas vacunas experimentales, para ni con pinzas mencionar su protagonismo en el aumento de coagulopatías, no empece a que la propia farmacéutica Pfizer aceptó su rol en cardiopatías y coagulopatías, con la alegación de que se trata de «reacciones rarísimas» a las vacunas, con el ultraconocido ‘copy paste’ al calce: «los beneficios superan los riesgos».

Pero no solo las enfermedades cardiovasculares y hematológicas se han disparado, sino los padecimientos respiratorios, neurológicos, hepatológicos y renales, entre otros, todo a partir de 2020 y con un factor común: la pasada pandemia del COVID y la inoculación con las vacunas experimentales ARNm, una sustancia nunca antes probada en seres humanos.

El mayor problema que tienen los desinformantes, que califican de «desinformación» los datos, son los propios datos, que están ahí claros y brillantes, debajo de toda su palabrería y omisión de información.

¿Se prepara EE.UU. para combatir el daño provocado por su propia política pública? ¿Los acuerdos de Biden se tratan de un gesto altruista o de un cálculo político?

¿Son los altos precios de los medicamentos el mayor «problema» de Medicare? ¿Dónde queda la sobrefacturación y el fraude rampante con los códigos de diagnóstico por parte de las aseguradoras?

Así pues y retomando de manera llana el anuncio de Biden, producido a 10 semanas de las elecciones, se puede esperar que traiga consigo reacciones menos simpáticas de lo esperado, en un tema que pica y se extiende, y en donde la ciudadanía corre varias millas atrás de los titulares.