Quizás usted recuerde las noticias de marzo de 2025, cuando ante el reperpero público y aunque la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) indicaba que un aumento en la tarifa para cubrir las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) era «inevitable», la gobernadora, Jenniffer González Colón aseguraba que «no hay necesidad y nosotros no estamos pidiendo un aumento en la factura de luz”.

Pues sepa que hoy, tres meses después, el portavoz de La Fortaleza y secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, aseguró que «la realidad es que no teníamos más ninguna otra opción».

Y es que después de que la directora ejecutiva de la AEE solicitara al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) incluir el costo de las pensiones de los jubilados de la AEE en una tarifa provisional para el año fiscal 2025-2026, cuyo aumento propuesto es de 1.88 centavos por kilovatio-hora, salió a relucir que la misma será permanente, lo cual ha levantado ronchas e indignación en el pueblo.

El solo pensar en cientos de miles de ancianos y jubilados de todo tipo de empresas y agencias públicas, pagando las pensiones de otros jubilados varados por culpa de la ineptitud, derroche y mala administración por décadas, le eriza los pelos a la gente.

¿De dónde viene el chiste y la nefasta trayectoria?

Unos 10,098 pensionados y 2,438 cónyuges son legítimos beneficiarios de casi $25 millones mensuales ($288 millones anuales), incluyendo algunas “pensiones Cadillac”.

Los pensionados de la AEE, personas que le dedicaron sus mejores años productivos a una corporación pública que les prometió un retiro digno, llevan viviendo un calvario de incertidumbre desde el 2016, cuando sonó la alarma roja de una infame quiebra, producto de décadas de mala administración.

PROMESA llegó, la AEE quebró y se descubrió América: no había dinero para pagar las pensiones.

Después de varios años dándole la vuelta a la noria, creando más endeudamiento a largo plazo, como el préstamo de $300 millones otorgado en diciembre de 2023, por el Fondo General del Gobierno Central, cuyo primer pago será en el año 2059, es decir en 35 años como legado de ineptitud a futuras generaciones, se llegó a la solución “temporera” de “emergencia”: meterle nuevamente la mano en el bolsillo de los puertorriqueños para el pago de pensiones de estos hermanos boricuas, víctimas del mal gobierno.

Pero ahora, ante el pago recurrente de $25 millones con más préstamos mensuales de las arcas del Fondo General, el discurso político y las vueltas a la noria cambiaron, sustituyendo la vaselina por arena, y el término utilizado cambió de aumento temporero a permanente. Una realidad conocida por todos desde el principio.

Lo más interesante de todo esto es que ese no es el único aumento en la cosecha, toda vez que el NEPR tiene ante sí una solicitud de aumento de LUMA Energy de cerca de tres centavos por kilovatio-hora como parte de la revisión de la tarifa base para los próximos tres años.

Tampoco se habla de el “cargo heredado” para el pago de la deuda a los bonistas, una deuda que no se paga desde 2016 cuando comenzó el proceso de quiebra y las protecciones de PROMESA, pero que se encuentra en sus capítulos finales y el cimbronazo al bolsillo no lo despinta nadie.