Mientras en Puerto Rico, los jueces y gran parte de la población parecen no haberse enterado de las más recientes posturas y hallazgos, tanto jurídicas, como científicas, en torno al desmantelamiento de la llamada pandemia del COVID-19, en EE.UU. una verdadera ola de desestimaciones, revocaciones, demandas y hallazgos científicos en contra de los mandatos pandémicos y sus nefastos efectos, son la orden del día.
Con el decreto presidencial de finalización, como por arte de magia, del estado de “emergencia” a causa del COVID-19, los principales centros de transplante de órganos en EE.UU., que mantuvieron acorralados a los pacientes no vacunados, impidiéndoles culminar el procedimiento vital de recepción de órganos si no se vacunaban, están dando una despavorida marcha atrás a sus políticas institucionales, con una carga de demandas por parte de pacientes y familiares sobre sus hombros.
Tal es el caso del reconocido Centro de Transplantes de la Universidad de Michigan, que en días recientes notificó al tribunal que dejaba sin efecto su exigencia de vacunación, en medio de diversos procesos legales en su contra.
Nadie garantizó inmunidad sobre las políticas de vacunación adoptadas por ningún médico o centro de salud, ni mucho menos contra los efectos o daños producidos por las mismas.
Razón por la cual nos encontramos ante una verdadera avalancha nacional de demandas contra hospitales y centros de salud a causa de las políticas institucionales de vacunación contra el COVID-19, esto cuando ninguna guía gubernamental exigía despidos de empleados o negar servicios a los no vacunados. Y más aún, a raíz de la tendencia en fallos a favor de los demandantes alrededor de EE.UU. y las nuevas posturas de los jueces.

Tal es el caso de la demanda incoada contra el estado de Maine, por parte de la Liberty Counsel, en nombre de los trabajadores de la salud, donde la jueza Sandra Lynch, del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, llegó al punto de reprender a la fiscal general adjunta de Maine, Kimberly Patwardhan, por presentar una moción para desestimar la demanda de los trabajadores de la salud que fueron despedidos durante la pandemia por negarse a vacunarse.
“Obviamente no ha estado leyendo el precedente de la Corte Suprema de los EE.UU. sobre esto o, de lo contrario, no habría presentado su moción para desestimar”, le expresó Lynch a Patwardhan.
Mientras la judicatura estadounidense traza una clara ruta de separación de poder y alcance constitucional de los mandatos pandémicos del estado sobre los ciudadanos, en Puerto Rico hace poco menos de 90 días el Tribunal Supremo y sus jueces revocaron la decisión del Tribunal de Apelaciones que había determinado que el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Salud, Carlos Mellado no tenían la facultad en derecho de emitir órdenes ejecutivas que constituyeran reglamentación de la conducta de la ciudadanía en general y de terceros.
Algo que crea una nefasta jurisprudencia estatal, que deja al ciudadano en estado de indefensión, en una lucha desigual, si no cuenta con los recursos económicos para continuar la escalada al Supremo federal.
El Supremo federal ya se ha pronunciado contra la selectividad en la validación de exenciones religiosas y de los despidos por razones de vacunación. Y es completamente predecible que pudiera continuar pronunciándose en contra de políticas institucionales públicas y privadas, dañinas y discriminatorias, más aún a raíz de los resultados observables.
Estados, hospitales y universidades en estados como Maine, Connecticut, Nueva York, West Virginia, Mississippi y California, entre otros, han sido demandados por sus mandatos o políticas institucionales pandémicas y se encuentran ante el apelativo federal o en ruta al Supremo.

Datos científicos alumbran la ruta judicial:
No cabe dudas que a raíz del fin de la “emergencia” y el desmantelamiento de los mandatos pandémicos, los jueces se encuentran en una mejor posición de ver, escuchar y aquilatar opiniones y estudios científicos disímiles al discurso pandémico construido por la rama ejecutiva a la luz de los resultados.
Investigaciones congresionales con comprometedores testimonios por parte de altos ejecutivos farmacéuticos, los CDC, la FDA y funcionarios de gobierno, no están ajenas a los oídos de los jueces.
Esto junto a la avalancha de millones de alegadas reacciones adversas a corto, mediano y largo plazo, asociadas a las vacunas contra el COVID-19.
Algo que justifica y valida el que ciudadanos estadounidenses opuestos a estas vacunas hayan ejercido sus derechos, protecciones y libertades civiles y constitucionales para mantenerse firmes en contra de las políticas y mandatos pandémicos gubernamentales e institucionales en sus respectivos estados.
De igual manera miles de estudios científicos respaldados por instituciones y médicos de alto perfil continúan siendo publicados, poniendo en relieve la inocuidad, peligro y daños a la salud producidos por estas vacunas.
Un ejemplo de esto es un estudio de investigación de 2021 que asocia a estas mal llamadas “vacunas” una amplia gama de problemas inflamatorios severos que crean lo que han denominado “síndrome de activación de mastocitos”.
Entre 2022 y 2023 se han disparado los casos de este extraño síndrome.
Los mastocitos que se originan en la médula ósea tienen una función importante en sinnúmero de respuestas inmunitarias. Contienen sustancias químicas como la histamina, la heparina, las citocinas y los factores de crecimiento.
La respuesta de los mastocitos, conocidos como los guardianes del sistema inmunitario, queda exacerbada frente a la proteína pico de estas vacunas, confundiéndolos y haciéndolos demasiado sensibles, provocando que liberen compuestos como histamina de manera anormal.
Esto a su vez lleva a las personas a presentar múltiples y severos síntomas neurológicos, dermatológicos y respiratorios, entre otros.
Este es uno de los muchos ejemplos de estudios y evidencia científica que están desfilando ante los tribunales y que van más allá del discurso de vacunas “eficaces y seguras” y la teoría del bien común.