La iniciativa legislativa presentada en el Proyecto de la Cámara 1399, un proyecto de administración que busca otorgar una pensión mínima de $1,000 mensuales a los servidores públicos jubilados, va en ruta de esfumarse al tropezar con la realidad fiscal de la colonia de Puerto Rico, sujeta a una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y un Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno Central.

Y aunque políticamente suene bonito a los oídos de muchos el que la gobernadora Jenniffer González Colón promueva la iniciativa como parte de su compromiso programático, lo cierto es que la JSF le haló las bridas a la carreta y comenzó a cortarle el vuelo, toda vez que se trata de asumir una responsabilidad de desembolsos recurrentes de $232 millones anuales sin fuentes que lo garantizen.¿Recuerda alguien los $300 millones anuales en pensiones a los jubilados de la AEE?

El director de la JSF, Robert Mujica, suscribió una carta a la primera ejecutiva y a los presidentes legislativos señalándo: «Cualquier medida que cree o aumente los pagos de pensión definida o las obligaciones tiene que ser evaluada contra el Plan de Ajuste. La disponibilidad de fondos en un año fiscal en particular no es suficiente para demostrar que un beneficio de pensión permanente sea asequible o sostenible. Establecer una obligación de pensión recurrente sin contabilizar y financiar plenamente todos sus costos es fiscalmente irresponsable, frena la recuperación financiera de Puerto Rico y corre el riesgo de devolver a Puerto Rico a las prácticas de gasto que lo llevaron a su quiebra y a la promulgación de PROMESA”, reza el documento.

Por su parte, la mandataria no descarta que el proyecto pueda ser enmendado y aprobado para alcanzar el objetivo de $1,000 de manera escalonada, lo que no releva el asunto de garantías a largo plazo para lograr una aprobación de la JSF.

La Fortaleza lo reduce a un asunto de diálogo:

Tras recibir la misiva, la mandataria no descartó que el proyecto pueda ser enmendado y aprobado para alcanzar el objetivo de $1,000 de manera escalonada, lo que no releva el asunto de garantías a largo plazo para lograr una aprobación de la JSF.

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano aseguró que González Colón está abierta al diálogo: “Hay que hacer el análisis. ¿Quién puede vivir con $33 al día? ¿Qué puertorriqueño con las condiciones de vida que hay en Puerto Rico con los retos que hay de infraestructura, accesibilidad de vivienda puede vivir con $1,000 al mes? Mientras tanto, se pagan salarios de medio millón de dólares a contratistas. El tema del retiro le ha sacado el verdadero color de la gente. El llamado es que veamos con detenimiento y seriedad dónde está esa gente. La gobernadora tiene la apertura de trabajar con la legislatura y al Junta de Supervisión para atender alternativas… La propia carta de la Junta está abierta a conversar con el ejecutivo y la legislatura para ayudar. Lo que no hará la administración de la gobernadora es abandonar a los retirados de Puerto Rico. Eso no puede pasar. Si tenemos que entrar en negociaciones alternativas, se hace, pero lo peor es tener un gobierno inerte mientras nuestros viejitos viven con $33 al día”, expresó Peña Payano.