LUMA tendría que darle paso

a brigadas municipales

si se demora en reparación

Redacción Nueva Isla

lunes 24 de junio de 2024

La Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara 1531 de la autoría del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y Roberto Rivera Ruiz de Porras, ambos del PPD, el cual obliga a LUMA Energy a darle prioridad a la contratación de brigadas municipales, a fin de reparar averías que la empresa no haya atendido en un período de 48 horas después de haber sido notificadas.

De ser convertido en ley, LUMA tendría que pagarles a los ayuntamientos el costo incurrido de los trabajos, así como asumir la responsabilidad de cualquier daño que surja de las reparaciones.

“Se adopta como política pública que la empresa que sea contratada para la distribución y transmisión de la energía eléctrica, dará prioridad a la contratación a los municipios para el restablecimiento de la red eléctrica… Una vez haya transcurrido el término de 48 horas sin que la empresa de distribución y transmisión haya comenzado la obra, el municipio con brigadas propias o contratadas podrá reparar todo tipo de avería y las tareas a realizar y costos notificados se entenderán aceptados”, reza la pieza legislativa aprobada con 46 votos a favor y uno en contra.

El proyecto establece que: “Una vez culminada las reparaciones, el municipio le notificará a la empresa o empresas contratadas para la distribución de energía eléctrica y esta tendrá un término de 24 horas para certificar el trabajo realizado o establecer las razones de su objeción al mismo por escrito y luego de haber inspeccionado físicamente y en la presencia de personal del municipio… Transcurrido el término de 24 horas, sin que se haya notificado al municipio alguna falla en la reparación y/o se objete el costo estimado, se entenderá la misma correctamente realizada y su costo aceptado lo que tendrá el efecto de ser certificada y aceptada la facturación”, estipula el proyecto que a la sazón obliga a LUMA a pagar la factura de los municipios en un término no mayor de 30 días y “vendrá obligado a pagar el triple” en caso de incumplimiento.