Tras el veredicto de culpabilidad de la pasada semana, en el caso que se llevaba contra el exjuez Arnaldo Irizarry y Alejandro Riera Fernández, acusados en el foro federal por 33 cargos relacionados al fraude de $9 millones contra el Municipio de Mayagüez, el suspendido alcalde de la Sultana del Oeste, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, queda muy mal parado, tanto ante la opinión pública, como en aspectos jurídicos para su defensa.
En el pasado juicio de Irizarry y Riera Fernández, quienes fueron coacusados con otros cinco individuos, los cuales se declararon culpables, salió a relucir que el propio hermano de “Guillito”, Osvaldo Rodríguez, le solicitó a Irizarry una ofrenda política de $2,000 mensuales, de los $10,000 que cobraba el exjuez para asesorar al alcalde, y que alegadamente serían destinados al comité del Partido Popular Democrático (PPD) en Mayagüez, y por ende para la permanencia de “Guillito” en el poder. Irizarry no respondió a preguntas de la fiscalía si el alcalde tenía conocimiento de esto.
La vista de sentencia de Irizarry y Riera Fernández, quien fungía como director ejecutivo de Mayagüez Economic Development (MEDI), fue pautada para el 8 de febrero de 2023.
En el caso del alcalde, coacusado en el foro estatal junto a gerente de finanzas del municipio, Yahaira Valentín Andrades, por cargos de malversación de fondos públicos y negligencia en el cumplimiento del deber, el juez Héctor L. López Sánchez del Tribunal de Mayagüez pautó el pasado 7 de octubre una nueva vista sobre el estado de los procedimientos para el 22 de noviembre.
La defensa de Rodríguez, a manos del experimentado abogado Harry Padilla, se basa en que su cliente, en sus funciones a cargo del ayuntamiento, recuperó los $9.8 millones del fraude por el que alegadamente fue timado, toda vez que no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Fondos públicos que debían ser destinados para el Centro de Trauma de Mayagüez.
Sin embargo, por su parte los fiscales especiales independientes a cargo de la acusación, los licenciados Miguel Colón Ortiz, Manuel Núñez Corrada y Leticia Pabón, aseguran que el ayuntamiento apenas recuperó unos $4 millones, de los cuales alegadamente $1.2 millones fueron utilizados para pagar honorarios de abogados.
Pabón estuvo muy atenta, sentada entre el público en el tribunal federal, tomando notas durante el pasado juicio de Irizarry y Riera Fernández; un juicio que trajo como consecuencia, la ubicación bajo la lupa del suspendido alcalde y le hizo merecedor de titulares, editoriales y análisis, poco alentadores para su caso, en los principales medios del país.