Ya en diciembre de 2022, este medio NUEVA ISLA había desenmascarado y revelado en reportaje investigativo lo que años después otros medios confirmarían sobre el alegado historial de corrupción del nominado secretario de Salud, Dr. Víctor Ramos Otero, durante su incumbencia como presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), incluyendo el escándalo del natimuerto plan de salud CMC Care Holdings LLC y el alegado embolsicamiento de sobre $1.3 millones de dólares en inversiones de médicos que cayeron como pescaítos en la sartén.

NO se trata de un mero chisme o una vendeta personal entre el actual presidente del CMCPR, Dr. Carlos Díaz Vélez como estratégicamente quiere enmarcarlo la gobernadora Jenniffer González Colón para proteger a su amigo, colaborador y donante, sino mucho más que eso: una compilación de actos, que según nuestras fuentes, alegadamente forman una maraña de esquemas criminales nunca antes vista en Puerto Rico.

A continuación, un resumen que deja ver el carácter y serio problema en el que se vería involucrado tanto el Gobierno de Puerto Rico, como el pueblo, si en efecto un Senado inescrupuloso confirmara por encargo el nombramiento de Ramos Otero.

Aspiraba emitir $25 millones en acciones del plan médico fatulo:

Ramos Otero no tan solo incorporó él mismo el plan CMC Care Holdings LLC, del cual han “desaparecido” sobre $1.3 millones en acciones adquiridas por colegas médicos, sino que solicitó permiso y exención mediante la Forma D regla 506(b) de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés) para la emisión de acciones por la cantidad de $25 millones de dólares. Algo que no pudo concretar en medio del esquema de desvío de inversiones, tras ser demandado y saber que lo que se destaparía sería un escándalo de mayores proporciones.

¿Término ilegal? Cuestionable su legitimidad como presidente:

Quizás esta sea una de las más grandes faltas imputadas al hoy nominado secretario, por las implicaciones retroactivas que pudiera tener.

Empezemos por el principio: El Reglamento del CMCPR es claro en su artículo 17.5: “Términos y elecciones generales… El presidente del Colegio sólo podrá aspirar a un máximo de tres (3) términos consecutivos.» Los términos en el CMCPR son de dos años. Ramos Otero permaneció cuatro términos, es decir, los últimos dos años de manera ilícita, tomando decisiones, dictando directrices y firmando documentos. Todo esto sin proceso alguno de enmienda o determinación reglamentaria. Ramos Otero, utilizando el argumento de la pandemia, canceló la asamblea de 2020 y sin elecciones se proclamó presidente por un cuarto término, lo cual hace que los documentos y otorgamientos ascendentes a millones de dólares firmados por Ramos Otero pudieran ser nulos.

Como dato interesante, Ramos Otero fue certificado como presidente en su cuarto término de manera ilegal, por quien hoy lo acusa de corrupto, el Dr. Carlos Díaz Vélez, quien en 2020 fungía como vicepresidente y mano derecha de Ramos Otero y que igualmente debe ser investigado.

Díaz Vélez no tan solo certificó a Ramos Otero como presidente de manera ilegal, sino que se autocertificó como vicepresidente, algo inaudito y contrario a reglamento, toda vez que el artículo 2.2 establece que el vicepresidente presidirá el comité de nominaciones y elecciones “excepto cuando éste aspire a un cargo electivo dentro de la institución”. Ni Ramos Otero podía aspirar a un cuarto término ni Díaz Velez, quien aspiraba al cargo electivo, podía certificarlo.

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico viene obligada a investigar este ángulo y sus profundas connotaciones.

Cientos de miles de dólares en “estipendios” ilegales:

Los contratos otorgados por el Departamento de Salud (DS) al CMCPR bajo la incumbencia de Ramos Otero disponían de cláusulas que impedían que funcionarios electos del CMCPR y/o sus familiares participaran de la administración y distribución de los fondos otorgados en el contrato, como sucedió en diversas propuestas otorgadas por el DS al CMCPR para telemedicina y vacunación.

Esto no sirvió de disuasivo para Ramos Otero, quien no tan solo se nombraba director médico de los contratos, sino que recibía decenas de miles de dólares en “estipendios”.

Según una de nuestras fuentes, Ramos Otero se nombró director médico de una de las propuestas de vacunación y se asignó el “estipendio” que le correspondía a dicha posición ascendente a $72,800.

No tan solo los contratos con el DS impiden dicha práctica, sino el propio Reglamento del CMCPR la tipifica como conflicto de interés en su Artículo 5.3 inciso 4: “A los fines del reglamento, un conflicto de interés surge cuando un colegiado, con un cargo en uno de los cuerpos directivos, interviene en ambos lados de una transacción del colegio, o cuando en una transacción ante su consideración, posee algún interés personal o familiar de naturaleza financiera”.

Según otra de nuestras fuentes, Ramos Otero no tan solo se beneficiaba personalmente de este esquema, sino que nombraba de manera ilegal a familiares de miembros de la directiva del CMCPR o el Senado Médico e inclusive a miembros de su propia familia a posiciones derivadas de esos contratos con el Gobierno, como alegadamente fue el caso del nombramiento de la esposa del miembro del Senado Médico, el Dr. Nabal Bracero, la Lcda. Lynnette Sánchez como directora del Programa de Vacunación del CMCPR, con un salario de sobre $70,000 dólares. Alegadamente Ramos Otero también nombró a su hijastra, Sharimar Mojica, como secretaria de una de las propuestas.

Evidencia sobra para que el Senado actúe:

El Senado de Puerto Rico tiene ante sí no tan solo un nombramiento que atender, sino unas denuncias con abundante prueba documental y testifical en contra de este nominado, la cual no puede ser pasada por alto, y es su deber no tan solo no exponer al pueblo y al Gobierno de Puerto Rico a las costumbres y trayectoria cuestionable de este nominado, sino referirlas a las autoridades pertinentes.