La violencia entre parejas es reprochable y la invasión maliciosa a la privacidad, también lo es. Cuando esa invasión maliciosa y selectiva es promovida por un inquilino de La Fortaleza, con fines politiqueros, el asunto toma otro giro.

La senadora del partido Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Veve y el exdirector de la Oficina de Asuntos Federales en Washington (PRFAA en inglés), Carlos Mercader, quien ha tenido un rol destacado como analista en los medios, más allá de ser víctima y victimario, al parecer son objeto de un conveniente plan político. Y de vez, se le da circo al pueblo, que hace el resto del trabajo en las redes.

A la luz de la hipocresía, emergen los actores: unos con máscara de castos, prístinos y puros, otros con máscara de defensores de los más altos valores y otros como recolectores de maná del cielo en medio del circo.

Parece ser, que esta expareja, lícita o ilícita, según pueda ser el cristal y análisis moral del lector, atravesó por una espiral de conflicto y alegada violencia que un anónimo preocupadísimo trajo a la atención de las autoridades, en este caso de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).

Un conflicto que de una u otra manera había sido resuelto por los protagonistas.

Y más allá del chisme, que no gusta, pero entretiene, parece estar la garra con esmalte de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, quien salió a decir – y de vez aclarar, de dónde proviene la leña debajo de la caldera del bochinche – que la Policía tiene que investigar el asunto, que es un delito y que «el que una ciudadana particular haya llevado una carta a la OPM y la haya entregado personalmente, habla del nivel de preocupación que tiene esa ciudadana para que se atienda un asunto que va contra la integridad, en este caso de una mujer y sus hijos», según González Colón.

O sea, esta gobernadora acredita e insinúa como cierta que la integridad de la senadora y sus hijos ha sido afectada por quien a la sazón fue un funcionario nombrado por Ricardo Roselló a una oficina cercana a la entonces comisionada en Washington, quien a su vez endosó a Pedro Pierluisi, que con alguna probabilidad pudiera retarla en una primaria en junio de 2028.

Tal vez, por esto la gobernadora no se expresó con la cautela característica en estos casos, y no utilizó el clásico «dejemos que las autoridades investiguen», cediendo a la tentación de tirarse con los Champion puestos a las aguas enlodadas.

¿Topos cargados en este escándalo? Juzgue usted:

Según ha trascendido, el anónimo alega que Mercader, frente a los hijos menores de Rodríguez Veve, mantenía un patrón de violencia utilizando «la fuerza física, el maltrato psicológico y la intimidación”, inclusive estando alegadamente borracho, y que tan reciente como en julio de 2025, agredió a la senadora “causando lesiones visibles y un profundo traumatismo emocional”.

Pareciera ser que este anónimo tiene alguna preparación en derecho y se preocupó en su redacción de colocar las palabras precisas constitutivas del delito.

Según trascendió, el anónimo narra que la pareja había acudido a un consejero y posteriormente Mercader dejó de participar.

El exesposo de Rodríguez Veve, el Lcdo. Jaime Luis Sanabria Montañez, desmintió que haya existido un patrón de violencia frente a los hijos de ambos: «Es falso que los hijos hayan presenciado incidentes de violencia como los que allí se insinúan. Rechazamos categóricamente esa falsedad por el daño que causa a su bienestar», expresó Sanabria Montañez.

De otra parte, está claro que la senadora no autorizó la querella y que no tiene interés en el caso.

Entonces, ¿quién tiene interés en el caso?¿El anónimo?¿La gobernadora?¿El Estado?¿A cuántos casos de alegada violencia de género que involucran a Juan del Pueblo con querellas anónimas se les da curso y son atendidos por las autoridades?¿Cuántos progresan?

Volvemos al principio: La violencia entre parejas es reprochable y la invasión maliciosa a la privacidad, también lo es.

Si la pareja terminó su relación, si no hay daño y riesgo documentado sobre la alegada víctima o más aún, sobre los menores; y si la alegada víctima, que es abogada, no desea presentar una querella, sencillamente no hay caso.

Nadie puede añadirle ni quitarle a la verdad, que hasta el cierre de esta edición solo conoce en detalle los protagonistas. Nadie puede hacer novela con escapulario ajeno basado en opiniones.

Y en este momento, las alegadas víctima y victimario, se convierten en víctimas al unísono de convenientes intereses políticos, y de un juicio público, que va más allá de los hechos. El anónimo cumplió su cometido ¿y encargo? Juzgue usted.