El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, quien es un admirador del presidente Donald Trump, ordenó un paquete de reformas migratorias a ser implementadas mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial.

La medida, presentada por el vocero presidencial Manuel Adorni, busca restringir el acceso de extranjeros al territorio argentino, limitar sus derechos civiles y acelerar su deportación en caso de condenas penales.

Según Adorni, el nuevo decreto establece que ningún extranjero condenado por algún delito podrá ingresar al país, y se procederá a deportar a aquellos con estatus de residentes que hayan cometido cualquier tipo de delito, incluso aquellos con penas menores a cinco años, que hasta ahora no eran motivo suficiente para su expulsión. Bajo la legislación anterior, solo se podía expulsar a extranjeros con condenas superiores a tres años, por lo que ahora, a no ser que se enmiende el decreto, una pena de seis meses es causa suficiente para la expulsión del país.

El decreto también facilita la expulsión de inmigrantes que ingresen ilegalmente o falsifiquen documentos.

Asimismo, se imponen nuevas condiciones para obtener la ciudadanía, como la residencia ininterrumpida de al menos dos años o una inversión financiera significativa en el país.

Para obtener la residencia permanente, los inmigrantes deberán demostrar ingresos o medios de subsistencia, además de carecer de antecedentes penales en sus países de origen.

Otro cambio sustancial es la implementación de cobros a extranjeros por el acceso a la salud y educación públicas, lo que representa una ruptura con el modelo gratuito vigente desde la ley migratoria de 2003, aprobada durante el gobierno de Néstor Kirchner. Además, se exigirá que todos los viajeros cuenten con seguro médico obligatorio para ingresar a Argentina.

Según Adorni, el sistema de salud público gastó el año pasado unos $100 millones de dólares en la atención a extranjeros, aunque no presentó evidencia que respalde esa cifra.

En este marco, se autoriza a las universidades públicas a cobrar aranceles a los residentes temporarios, un punto que podría afectar gravemente el acceso de inmigrantes a la educación superior.

Otra disposición clave es la solicitud del Ejecutivo al Poder Judicial, a fin de agilizar los procesos migratorios, que actualmente pueden extenderse durante años, esto en busca de reducir el tiempo y acelerar las decisiones de deportación o denegación de ingreso.

Estas medidas, que forman parte de la política de austeridad del presidente Javier Milei, se producen en medio de fuertes recortes al gasto público y generan preocupación entre sectores defensores de los derechos humanos. Diversos analistas advierten que el decreto contraviene el artículo 20 de la Constitución Nacional, que garantiza a los extranjeros “todos los derechos civiles del ciudadano”.

Adorni, quien también es candidato de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de Buenos Aires, justificó las reformas alegando que “las regulaciones actuales incitan al caos y al abuso” y señaló que muchos migrantes “están lejos de venir de manera honesta”.

Desde hace años, sectores de derecha han criticado la supuesta existencia de “giros de salud”, es decir, ciudadanos de países vecinos que cruzan la frontera para recibir atención médica gratuita y luego regresan a sus países. Algunas provincias del norte y la ciudad de Buenos Aires ya comenzaron a implementar aranceles a extranjeros no residentes para el acceso a servicios médicos, una tendencia que ahora podría consolidarse a nivel nacional.

Con este DNU, el gobierno de Milei busca endurecer el control migratorio en un intento de reducir el gasto público y responder al reclamo de sectores conservadores, aunque a costa de potenciales conflictos jurídicos y sociales, tanto a nivel nacional como internacional.

Esta nota fue realizada utilizando inteligencia artificial supervisada por periodistas humanos. Fuente: CNN.