En una moción conjunta, grupos de bonistas y acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solicitaron a la jueza del Tribunal de Quiebras federal, Laura Taylor Swain, que levante el denominado «stay» o paralización de litigios en contra de la corporación pública.

Al acogerse a la quiebra en 2017, la AEE quedó protegida del cobro inmediato de la deuda, hasta que se determinara el monto total y el método de pago, lo cual ha llevado a un extenso proceso de negociación contenciosa.

Levantar el «stay» podría producir la desestimación del caso, la designación de un síndico y la reclamación del pago de deuda adicional que los bonistas entienden se ha acumulado desde el 2017.

Según GoldenTree Asset Management, Syncora Guarantee y Assured Guaranty, junto al grupo Ad Hoc de bonistas, la Asociación Nacional de Bancos de Estados Unidos y la National Public Finance Guarantee Corporation, «el proceso ha estado en curso por casi una década”, por lo que han permanecido impedidos de ejercer sus derechos como acreedores garantizados.

Más aún, alegan que durante todos esos años, la AEE ha utilizado, sin su consentimiento ni mecanismos de protección, los denominados “net revenues”, que son ingresos que forman parte de su colateral.
“No existe base para mantener paralizados los reclamos de los bonistas”, aseguran los abogados, afirmando que no ha habido avances en el actual proceso de mediación y rechazan el plan de ajuste propuesto que no contemplan viable.

Jueza extiende la mediación:

En paralelo y según ha trascendido, la jueza Taylor Swain concedió una extensión al proceso de mediación hasta el 1 de octubre de 2026, conforme a una moción urgente presentada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que considera necesario una evaluación inmediata de los «net revenues» para lograr encaminar las negociaciones hacia una posible resolución.

El mayor problema es que los procesos de mediación, que en teoría requieren voluntad de negociación entre las partes, se han movido en círculo por los pasados cuatro años, en un proceso extendido repetidamente y plagado de desconfianza y procesos paralelos, que involucran gastos y decisiones operacionales, revisiones tarifarias, conflictos con los operadores, exigencias y determinaciones para atender los reclamos de los pensionados, así como cambios en política pública energética en el ámbito federal, entre otros.

Detrás de toda esta extensa novela, en donde los boricuas han permanecido protegidos de pagar la monumental deuda, reducida su monto a $8,500 millones, de los que la JSF sostiene que la AEE solo puede pagar $2,500 millones, una cosa es absolutamente cierta: el momento del fin de la protección y el comienzo de pagos que encarecerán aún más la energía y por consiguiente los costos de vida, de hacer negocio, de los productos y servicios, está cada día más cerca.