Mollero y corte de vuelo

por parte de la Junta del

Control al gobierno de PR

Redacción Nueva Isla

miércoles 12 de junio de 2024

Con alguna similitud con el refrán popular que dice: “Una cosa piensa el burro y otra el que lo ensilla”, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) paralizó la puesta en vigor de la Ley 111 del 2023, que permite acogerse al retiro con 55 años de edad y 30 años de servicio, a los Técnicos de Emergencias Médicas del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico, y advirtió que lo mismo le sucedería a los proyectos legislativos bajo términos similares que involucran a los trabajadores sociales del Departamento de la Familia, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y alguaciles del Poder Judicial.

Según expresó la JSF en carta firmada por su director ejecutivo, Robert Mujica: “La ley (111) es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal certificado para Puerto Rico y el presupuesto estatal, ya que aumentará los cargos Pay-Go y los beneficios de pensión pagados, en violación del Plan de Ajuste del Estado Libre Asociado… La Ley no indica cómo pagará el Gobierno el costo de sus beneficios adicionales”, rezan las declaraciones escritas, a la vez que señala que dicha ley “no parece considerar que los nuevos jubilados puedan resultar en mayores pagos de pensiones o cómo cualquier ahorro de nómina proporcionado por la Ley afectaría la necesidad de nuevas contrataciones para garantizar que Puerto Rico tenga suficientes técnicos de emergencias médicas”.

La JSF estimó que dicha ley tendría un impacto fiscal de sobre $3,000 millones en los próximos 20 años.

Lo curioso de este asunto es ver cómo en Puerto Rico se siguen sometiendo proyectos de ley que involucran serias cuantías de dinero no presupuestado, sin consulta de viabilidad con la JSF. Los trámites legislativos tienen un alto costo de tiempo y dinero público.