Tras la firma del gobernador Pedro Pierluisi, convirtiendo en ley el Proyecto de la Cámara 1053, el cual enmienda, tanto el Código Municipal de Puerto Rico, como la Ley General de Expropiación Forzosa, los municipios tendrán mayor garra y alcance para sacar de sus panoramas aquellas estructuras declaradas estorbos públicos, de los cuales hay miles en la Isla.

De esta manera, se autoriza a los municipios a llevar acciones judiciales de expropiación forzosa contra estos bienes inmuebles, declarados estorbos públicos mediante un procedimiento sumario.

A diferencia de la pasada ley, ahora los municipios no tienen que depositar la denominada «justa compensación» hasta que los titulares comparecieran al tribunal.

Esta nueva disposición faculta a los ayuntamientos a incoar un procedimiento de apremio o reclamación en cobro de dinero, contra los inmuebles que hayan sido declarados estorbos públicos, actuando de manera similar al método utilizado por el CRIM.

Esta ley debe servir además de propulsor para la ejecución, limpieza y remoción de escombros de miles de propiedades dispuestas a lo largo y ancho de nuestras costas y playas.

NUEVAISLA.com espera que no se convierta también en mecanismo útil para favorecer a «amigos del alma» e inversionistas extranjeros con los ojos puestos en estas propiedades.