Tal parece que los ayuntamientos puertoricans no se han percatado que la guillotina de los recortes y rendimiento de cuentas resplandece sobre sus cabezas y la lupa de DOGE los acompaña desde Washington.

Durante una vista pública ayer miércoles en la Cámara de Representantes, la secretaria del Departamento de Vivienda (DV), Ciary Pérez Peña, dejó saber que unos 40 municipios se encuentran en incumplimiento con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, en inglés) por no haber alcanzado ni un 20% de los fondos otorgados para la recuperación, reconstrucción y desarrollo de viviendas, tras el paso de Irma y María en 2017.

Los municipios venían obligados a presentar facturas que demostraran que están utilizando y culminando fases de desarrollo y construcción con las partidas adelantadas bajo el programa Project Implementation Advance Funds (PIAF), algo que no ha sucedido, no empece a los requerimientos y advertencias que han estado recibiendo.

El resultado neto es que después de que el DV volviera con el «juego» de solicitar extensiones de tiempo, HUD le otorgó 60 días para presentar facturas en cumplimiento o devolver el dinero.

«La pasada semana recibimos una notificación de HUD que teníamos varios municipios en incumplimiento… a esta época es bien importante que los municipios estén en un 20% y tenemos alrededor de 40 municipios que no están en cumplimiento y esa carta me llega a mí diciéndome que tenía que devolverles todos esos adelantos de esos 40 municipios… me otorgaron una extensión de 60 días y ya tenemos un equipo de trabajo», expresó Pérez Peña, quien a la sazón aseguró que están «tranquilos» y que van «a intentar (ver) si es por adiestramiento o falta de conocimiento».

En 2018, HUD asignó $1.5 billones para la recuperación después de los huracanes y se desembolsaron cientos de millones en adelanto.

De otra parte, actualmente Puerto Rico tiene sobre $40 mil millones en fondos de recuperación sin utilizar, administrados por FEMA, quien por orden de Casa Blanca inició un proceso de revisión a nivel nacional, incluyendo a su colonia caribeña, cuyas dependencias gubernamentales se encuentran en incumplimiento de uso de fondos y culminación de proyectos con un largo historial de advertencias y extensiones de tiempo.