En lo que muchos suspicaces califican de estrategia para adelantar la nueva industria alimentaria a base de carne de laboratorio y productos derivados de insectos, en los últimos cuatro años los precios de los alimentos, especialmente de la carne y las aves de corral, han aumentado de manera significativa, con una tendencia que podría empeorar el próximo año, debido a nuevas regulaciones propuestas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para los procesadores de carne en EE.UU.

Hablamos de regulaciones basadas en un control, para muchos excesivo, del metano y otros gases de efecto invernadero, como el nitrógeno y el fósforo, que afectan el calentamiento global y que de buenas a primeras ubican la crianza de animales de granja con fines comerciales, sus desechos biológicos y a las plantas procesadoras de carne, como protagonistas de toda esta controvertida reforma industrial ambiental, parte de la Agenda 2030 y la nueva política pública impulsada por la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hablamos de un nuevo marco regulatorio de la EPA que busca limitar los efluentes y residuos de aguas residuales generados por las plantas procesadoras de carne de los diversos ganados y aves, así como sus derivados (huevos, leche, etc.) lo que podría llevar al cierre de plantas, pérdidas de empleo y más interrupciones en la cadena de suministro.

Según el Departamento de Agricultura federal, los precios de la carne de origen vacuno han mantenido un aumento durante seis meses consecutivos y se espera un incremento del 5.2% en lo que resta de 2024, mientras que los precios de las aves también han subido, aunque en menor medida, con predicciones de nuevos aumentos antes de fin de año.

La inflación, agravada por las disrupciones en la cadena de suministro vinculadas a la pasada pandemia, ha sido un factor clave en este aumento.

El nuevo marco regulatorio, que entraría en vigor en agosto de 2025, tiene como objetivo reducir la contaminación del agua a través de nuevas normativas de filtración que limitarían el nitrógeno y el fósforo vertidos en el medio ambiente. Las regulaciones afectarán tanto a los procesadores que descargan aguas residuales directamente en cuerpos de agua, como a aquellos que lo hacen de manera indirecta a través de plantas de tratamiento que ya operaban bajo estrictas y costosas medidas de seguridad ambiental.

Entre las plantas más afectadas están las que procesan sobre 50 millones de libras de carne (vaca, cerdo, oveja, etc.) y más de 100 millones de libras de carne de aves al año.

Una cosa piensa la EPA y otra la industria perjudicada:
La EPA acepta y estima que tal vez entre16 y 53 plantas podrían verse obligadas a cerrar, debido a los costos de cumplimiento, lo que podría afectar unos 17,000 empleos.

Está claro que estas medidas van en camino a disparar los precios de productos cárnicos y una ligera disminución en la disponibilidad de carne y aves de corral. La razón de esto es simple: una combinación del cierre de plantas, y por ende una disminución de la oferta, y los altos costos de implementación de nueva infraestructura y maquinaria para el cumplimiento con las nuevas disposiciones.

Si bien estas nuevas regulaciones buscan reducir la contaminación y mejorar la calidad del agua, los opositores, incluyendo varios estados e industrias, advierten que podrían perjudicar gravemente a la industria alimentaria y a los consumidores.

La EPA, sostiene que las regulaciones son económicamente alcanzables y que los beneficios superarán los costos, mejorando la calidad del agua y combatiendo problemas ambientales, con un impacto positivo en las comunidades marginadas. La agencia calcula que los beneficios de estas regulaciones en diversos renglones relacionados al medioambiente en EE.UU. estarían entre $90 y $180 millones de dólares anuales.

Pero al parecer, la cosa no es tan llana como la EPA presenta. Un estudio presentado por la Asociación de Avicultura y Huevo, revela que esta industria incurrirá en $1,160 millones de dólares al año en costos de cumplimiento.

La industria de procesamiento de carne de ave estima que unas 74 plantas podrían cerrar por no poder absorver los altos costos de cumplimiento. Un número mucho mayor que lo estimado por la EPA, con un impacto de pérdida de empleo directo estimada entre 31,500 a 78,500 puestos de trabajo, y entre 127,000 y 317,000 empleos indirectos adicionales, provenientes de empresas subyacentes que proporcionan bienes y servicios a las instalaciones que han de cerrar operaciones.

Hablamos de solo un ángulo en el descomunal cálculo de pérdidas, cuando se hace extensivo a toda la industria cárnica, de crianza, derivados, plantas de procesamiento e industrias que gravitan en torno a las mismas, algo que disparará el costo de la carne a niveles inimaginados e inclusive pudiera conllevar a la escasez de este tipo de producto alimentario, aumentando a su vez la inflación. Imagine usted el precio de una oferta de hamburger o pollo frito en un fast food, o de un filete en su restaurante favorito.

Naturalmente, y como siempre sucede, los creadores de la crisis presentarán las soluciones: ¿Carne genética de laboratorio, limpia, sin afectar la vida animal y sin daño al medio ambiente, producida a bajo costo a nivel industrial? ¿Suculentos platos confeccionados con carne, harina y derivados de insectos?

Juzgue usted amigo lector, y agradezca a los salvadores del planeta por el futuro de la humanidad.