La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), traída al escenario económico puertorriqueño como la quinta esencia de la pulcritud fiscal, pudiera tener más manchas que las vacas Holstein.
Y es que al parecer, el ente fiscal lo mismo atiende con lupa, que con gafas oscuras, asuntos pertinentes a la quiebra, y otros que rayan en la definición de corrupción, como lo es la venta por parte del Banco de Desarrollo Económico (BDE) de una cartera de préstamos de $382.4 millones, con un 91% de descuento, en la cual participó el bufete O’Neill & Borges, quien a su vez alegadamente asesora legalmente, tanto a los compradores, como a la propia JSF. Algo que no fue divulgado, según la ley “Puerto Rico Recovery Accuracy in Disclosures Act of 2021” (PRRADA), firmada en enero de este año por el presidente Joe Biden.
Según esta ley, cuyo espíritu legislativo es promover la transparencia y evitar el conflicto de intereses entre las partes involucradas en la quiebra, toda persona o firma que presente alguna factura por servicios profesionales, tiene que divulgar si existe vínculo alguno directo o indirectamente con alguna de las partes en el caso. La Oficina del Síndico de Quiebras del Departamento de Justicia de EE.UU. tiene la facultad y debe revisar toda divulgación al respecto y emitir un informe en torno a si ese vínculo representa o no un conflicto de intereses. Y si ese fuera el caso, el tribunal podría denegar el pago de la factura.
En el caso del bufete y el BDE, eso no sucedió y está siendo impugnado por el licenciado Carlos Lamoutte, quien fue más allá al vincular a la JSF en lo que pudiera representar un esquema para favorecer gente en el proceso: “La Junta de Supervisión existe para traer transparencia a la contratación gubernamental en Puerto Rico, no para permitir transacciones simuladas realizadas en secreto y en colusión para beneficiar comercialmente a los clientes del sector privado de los profesionales empleados por la Junta de Supervisión…”, señaló el letrado.
Otro aspecto dudoso que involucra a la JSF, lo es su alegado vínculo con transacciones que involucran a los consultores McKinsey & Company, asesores del Gobierno de Puerto Rico, quienes a su vez mantienen vínculos con empresas que han logrado jugosos contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), los cuales sobrepasan los $10,000 millones.
De hecho, un dato curioso es que un nutrido grupo de exempleados de McKinsey & Company ahora forman parte del equipo del fondo de inversión, Horizon Capital, cofundado por Natalie Jaresko, exdirectora ejecutiva de la JSF.
Este asunto de McKinsey & Company, provocó que el exjuez federal, Steven Rhodes, quien presidió sobre la quiebra de Detroit, sometiera una carta al Síndico de los Estados Unidos, en la cual calificó a dicha empresa como “”un violador en serie de reglas de divulgación”.
Rhodes expone todo un alegado esquema (en donde menciona e involucra a la JSF), mediante el cual McKinsey “transforma una regla clara y sencilla, divulga todas las conexiones, en un conjunto de procedimientos impenetrables que son internamente inconsistentes e incomprensibles, tanto para profesionales, como para el público”, expresa el exmagistrado en referencia a los requisitos de divulgación, la ley PRRADA y el entramado preparado por dicha firma. Algo que no puede darse en un vacío y sin la cooperación de poderosas influencias.
Así las cosas, los muchachos de la JSF tienen mucho que explicar y no queremos pensar que se le han pegado las malas costumbres que vinieron dizque a combatir.