Mucha ha sido la especulación e inclusive desinformación en torno a la posibilidad de ver sentenciada y presa a la exmandataria, quien se declaró culpable en un acuerdo con fiscalía de aceptar dinero para su campaña electoral primarista en 2020, por parte del coacusado e igualmente indultado banquero venezolano Julio Herrera Velutini, en violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés).

La fiscalía solicitaba a la jueza federal Silvia Carreño Coll una sentencia de un año por este cargo menos grave, en la vista de sentencia pautada para el 29 de enero, y el pueblo desde las gradas y redes sociales esperaba ansioso que se hiciera justicia. La defensa de Vázquez Garced defendía con garras que la sentencia fuera de probatoria, hasta el salvador perdón presidencial.

En medio de esta novela y con el hormiguero revuelto desde el pasado viernes cuando rompió la noticia del indulto, abrió la semana el lunes con especulaciones y analistas jurídicos exponiendo en los medios que la sentencia de Vázquez Garced seguiría su curso, toda vez que el perdón presidencial que había sido descrito por el ejecutivo federal como“perdón completo e incondicional”, aplicaba al caso original grave y no al menos grave por el que se declaró culpable, abriendo un rayo de esperanza y voraz cobertura mediática. Esto impulsado por la postura de la jueza durante el fin de semana señalando que

se mantenía vigente la vista de sentencia, que no concedería otra posposición de fecha para la misma y que consideraría las alegaciones contenidas en el caso grave.

Todo eso quedó disuelto como grasa en detergente, cuando la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para Puerto Rico notificó al tribunal que el perdón presidencial aplicaría tanto al caso grave de soborno como al menos grave de campaña electoral, en cuanto se cumpliera con el requisito de que los implicados aceptaran el indulto, tornando así la vista de sentencia en una académica.

Después de lo anteriormente descrito, el comisionado residente en Washington y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández Rivera, quien a la sazón es abogado, salió a revivir la esperanza del pueblo de ver ajusticiada a la exmandataria, símbolo de la corrupción gubernamental vinculada con la cúpula e historia política del Partido Nuevo Progresista (PNP) y la estadidad para Puerto Rico.

Pablo José, como cariñosamente se le conoce al nieto del fallecido exgobernador Rafael Hernández Colón, quien perfila como seguro candidato a la gobernación en las próximas elecciones, había expresado el pasado viernes tras el indulto en declaraciones oficiales: “La impunidad protege y fomenta la corrupción. El indulto otorgado a la exgobernadora Wanda Vázquez socava la integridad pública, socava la fe en la justicia y ofende a quienes creemos en un gobierno honesto”, expresó el comisionado haciéndose eco del sentir del pueblo.

El martes 20 de enero, tras darse a conocer la aclaración al asunto del alcance del indulto por parte del ejecutivo estadounidense, Hernández Rivera insistió en que se pueda revocar el indulto presidencial afirmando: “La impunidad promueve e incentiva la corrupción y yo espero que el tribunal encuentre la manera de darle la vuelta de alguna manera técnica, a ese indulto para que la exgobernadora pague por sus delitos”, declaró el líder de La Pava, consciente de que se trata de una posibilidad tan remota como la llegada del hombre a Plutón.

Ante las expresiones del comisionado, surgen las preguntas: ¿En qué postulado jurídico o constitucional basa su aseveración?¿Está en negación de la realidad el comisionado?¿Qué proceso de revocación de indulto presidencial sería más viable o resultaría más atractivo para embarcarse el gobierno federal: el caso de Wanda Vázquez o los insurrectos que tomaron de asalto el Capitolio de EE.UU.?¿Qué posibilidades tienen sus aseveraciones?¿Vende un sueño inalcanzable el líder opositor?

Indulto, alcance y revocabilidad:

La prerrogativa constitucional del indulto presidencial, otorgado a cerca de 35,000 convictos en la historia de EE.UU., es prácticamente irrevocable. Y decimos “prácticamente”, para abrir la puerta a la principal razón de los pocos indultos revocados en la historia, que han sido por errores o vicios procesales o incumplimiento de algún requisito, como la aceptación del indulto por parte del perdonado.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que, toda vez que el poder de indulto es otorgado al presidente por la Constitución, sus limitaciones deben derivarse de la propia Constitución. Es decir: que después de que no se violen otras disposiciones constitucionales, y cumpla con los requisitos procesales, el indulto es válido.

El aceptar un soborno a cambio de un indulto, un planteamiento de derecho penal como causal para la invalidación del indulto, continúa siendo objeto de análisis y debate, toda vez que la Constitución no menciona ninguna excepción explícita que invalide los indultos por soborno u otro acto de corrupción, sosteniéndose así que el otorgamiento de clemencia es irrevocable.

Una situación como la antes mencionada, no eximiría de que un presidente pueda ser enjuiciado por actos de corrupción tras dejar el cargo, lo cual no alteraría el principio de irrevocabilidad constitucional del indulto.