Aunque Puerto Rico es una jurisdicción altamente reglamentada, con regulaciones que imponen multas y sanciones a los infractores, cientos de condominios en la Isla parecen seguir sus propias reglas y criterios, con juntas de directores y consejos de titulares de condominios jugando a la ruleta rusa, exponiendo a sus titulares, inquilinos y visitantes a serios riesgos de salud y seguridad.

No tan solo incumplen con la presentación de sus planes de emergencia, sino que toman decisiones contraria a derecho que afectan a los condómines que inclusive muchas veces desconocen de riesgosas iniciativas adoptadas por estos.

En días recientes llegó ante nuestra atención, el caso de un propietario de una unidad de vivienda en un reconocido condominio de la zona de Joyudas, en Cabo Rojo, el cual compró un costosísimo apartamento con acceso de ascensor dentro de la unidad; y a un año de habitar el mismo desconocía que alegadamente durante años los directores habían tomado la decisión de apagar el extractor de aire del conducto del ascensor, aún sabiendo que la rejilla de ventilación (louber) que da al exterior del edificio estaba cerrada.

Esta situación además de aumentar la calor, hace que polvo, hollín y peligrosos contaminantes para la salud entren a su apartamento, y más importante aún, pone en riesgo la vida de todos los condómines en caso de incendio, toda vez que bloquea las vías de extracción de humo.

Lo curioso e increíble de este caso es que cuando el propietario notificó a la Junta sobre su hallazgo, estos alegadamente le explicaron que fue su decisión desde hacía años, esto debido al ruido que el extractor producía. La Junta se sostuvo en su determinación y el propietario se vió obligado a presentar una querella ante las autoridades pertinentes.

Este es uno de muchos casos que suceden en la Isla, donde los condómines desconocen las iniciativas y posibles actos negligentes de los llamados a respetar la ley y el orden, y más aún salvaguardar la seguridad de todos los propietarios, inquilinos y visitantes.

Las violaciones a la Ley 129 de 2020, mejor conocida como Ley de Condominios de Puerto Rico, es la orden del día en una isla con sobre 4,000 condominios.

Muchos de estos directores, conscientes de la falta de supervisión y laxitud en las inspecciones, desafían la reglamentación y las posibilidades de ser pillados «in fraganti», no empece a que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) impone multas que podrían ascender hasta $10,000 por cada falta.

En caso de que una violación a las disposiciones de seguridad pudiera causar daño a los titulares o cualquier ciudadano que acceda el condominio, como ha sido el caso de tragedias que se han suscitado en otras jurisdicciones, estos no tan solo son demandables, sino que pudieran ser acusados criminalmente.

Es necesario una mayor inspección:

El tema de la necesidad de una mayor supervisión y/o inspección de los condominios en Puerto Rico, continúa siendo una preocupación por parte de diversos sectores del país, no tan solo en el ámbito de la seguridad y emergencias, sino también en aspectos estructurales.

En ese sentido, la presidenta de la Asociación de Administradores de Condominios de Puerto Rico (AACPR), Sharon Rodríguez Díaz expresó: «Nos mantenemos en la preocupación de que no se han hecho los debidos apercibimientos sobre la importancia de hacer unas inspecciones regulares”, expresó Rodríguez Díaz a miembros de la prensa.

Con relación a los directores y administradores de condominios, Rodríguez Díaz señaló: «En la mayoría de las ocasiones se ocupan de preparar el presupuesto de un condominio, inclinándose a la parte estética o a la parte del mantenimiento regular, como las áreas comunes, pero no en la inspección y en que estas estructuras sean seguras”, declaró la experta en el tema.