El gobernador Pedro Pierluisi anunció que su administración solicitó ayuda al secretario del Departamento de Agricultura federal, Tom Vilsack, para que se incluya a Puerto Rico en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) y hacer la transición del PAN a dicho programa, que si bien es cierto que trae consigo más dinero para alimentos, igualmente es cierto que obliga al beneficiario a trabajar y gradualmente dejaría de recibir el beneficio.
Pierluisi indicó que es necesario legislación para incluir a la Isla, por lo que está dando los pasos afirmativos para que el nuevo Congreso así lo haga y su gobierno está preparándose desde ya para la transición.
Bajo el SNAP la Isla recibiría una asignación de $1,700 millones adicionales para asistencia nutricional.
“Pienso que la transición debe durar entre tres a cinco años máximo y es posible que estemos listos en tres años. Ese es el término de tiempo que nos tomaría tener todos los sistemas necesarios y el personal capacitado y necesario para administrar el programa SNAP”, indicó el primer ejecutivo.
Según el Instituto de Libertad Económica para Puerto Rico (ILE) unas 246,000 personas podrían sumarse a la fuerza laboral en la isla bajo el SNAP, pues podrían continuar recibiendo el beneficio mientras avanzan hacia un empleo fijo.
Y es que a diferencia del PAN, el SNAP, tiene un requisito de trabajo para que los participantes puedan eliminar gradualmente los beneficios.
Según explica el ILE, bajo el SNAP “las personas de 18 a 49 años, que no tienen dependientes, no están embarazadas y están sujetas a los requisitos generales del trabajo son denominadas adultos sanos sin dependientes (ABAWD, por su nombre en inglés). Los ABAWD que no tienen discapacidades documentadas deben trabajar al menos 80 horas al mes o participar en un programa de capacitación laboral calificado, para recibir beneficios del PANS (SNAP) durante más de tres meses dentro de un período de tres años”.
En palabras sencillas, el nuevo programa que impulsa el gobierno de Pierluisi, estimula el trabajo y la capacitación laboral de manera obligatoria para aquel ciudadano que quiera o necesite recibir ayuda alimentaria. Cuando la persona comience a trabajar podrá continuar recibiendo el beneficio por 18 meses. Un beneficio que gradualmente irá decreciendo hasta finalizar en cero.