En lo que pareciera ser una plancha prefabricada para la aprobación del controvertido Proyecto del Senado 258, que busca enmendar la Ley 247 – 2004, conocida como “Ley de Farmacias”, para que estas puedan realizar estudios de laboratorios, interpretar los resultados y hasta recetar medicamentos sin intervención médica, los tecnólogos, propietarios de laboratorios y médicos en el país, no se quitan y dan la batalla para detener lo que a su juicio sería otro golpe bajo a los pacientes.
Este proyecto que se encuentra en calendario para Conferencia Legislativa, tras haber sido bajado por descargue y aprobado en la Cámara de Representantes, ha sido objeto de duras críticas por alegadamente responder a los intereses de las grandes cadenas de farmacias, con el propósito de invadir con ánimo de lucro el campo profesional ocupado por los laboratorios clínicos del país.
Uno de los aspectos que mayor preocupación produce, es que la entrada de las farmacias a realizar estudios de laboratorio, afectaría el costo de los demás estudios en los laboratorios clínicos. Algo que entre otros muchos aspectos detrimentales para el paciente EXPLICA A CONTINUACIÓN EN ENTREVISTA, José Sánchez, expresidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC) y propietario de laboratorios clínicos en Puerto Rico, quien se expresa en su carácter personal.

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¿Peligro para la salud del paciente?:

El P.S. 258 faculta a las farmacias, no tan solo a vacunar, sino a recetar medicamentos en casos de reacciones adversas a las mismas, muchas de las cuales pudieran ser graves y requerir intervención médica de emergencia, lejos de la discreción de un farmacéutico.
De otra parte, en cuanto a la facultad de interpretar resultados de laboratorio y recetar medicamentos, la Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC) señala en un documento: “Ningún farmacéutico tiene el entrenamiento médico para interpretar resultados de pruebas de laboratorio y mucho menos adjudicar un tratamiento al paciente. La interpretación de los resultados continua siendo responsabilidad del médico primario quien conoce al paciente y tiene copia del expediente médico”.
Pero esta posición y este señalamiento también lo sostienen médicos a lo largo y ancho del país. Tal es el caso del presidente de la Fundación Pro Derecho a la Salud (FPDS), Dr. Héctor Rivera González, quien en ENTREVISTA A CONTINUACIÓN hace un breve recuento de lo que a su juicio son algunas de las consecuencias de este proyecto para los pacientes.

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La trayectoria legislativa de este proyecto ha levantado suspicacias debido al tiempo y manera en que se ha desarrollado su trámite. El mismo fue presentado y aprobado en el senado en marzo de 2021, pasando a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, donde durmió el sueño de los justos por dos años y tres meses, hasta que en junio de 2023 salió del congelador a la sartén, y sin discusión legislativa fue bajado por descargue y aprobado.