Según le informó a este medio una fuente allegada a las negociaciones con grupos de acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una de las mayores preocupaciones de éstos para alcanzar un acuerdo ha sido la inseguridad que representaba atar el pago a los ingresos de la AEE por concepto del consumo, más aún cuando se busca eliminar la dependencia de combustible fósil y sustituirla por energía renovable, por eso la exigencia de un cargo fijo por abonado.
Esta preocupación llega a los umbrales del “impuesto al sol” y ha sido abordada en varias ocasiones.
Hablamos de una tarifa para paliar el éxodo de abonados que se desconecten de la red en medio de una transformación la utilización masiva de redes y microredes de energía solar. Algo que según el gobernador Pedro Pierluisi no sucederá.
Lo cierto es que el consumo de electricidad continúa en caída. Tal es el caso del pasado mes de enero, cuando según datos de LUMA Energy, disminuyó a 1,155 millones de kilovatios hora (kWh), reflejándose un descenso de un 13% en el consumo residencial y un 22.8 de descenso en el consumo del sector industrial. La producción de energía descendió en enero en un 6.6% y durante todo el pasado año 2022 en un 3.6%.
Así las cosas, los acreedores han estado buscando cláusulas de garantías de que inclusive, un cargo fijo no se vea afectado por el éxodo previsible de abonados desconectados a la red de la AEE.
En cuanto al “impuesto al sol” el gobernador Pierluisi había expresado en noviembre: “Continuaremos oponiéndonos a cualquier tasa o cargo que pueda ser visto como un ‘impuesto al sol’… Mi administración está comprometida a garantizar que el proceso de reestructuración de la deuda sea asequible, no imponga una carga indebida sobre las espaldas de nuestros trabajadores y no interfiera con la transformación de nuestro sistema energético”, había señalado Pierluisi.