Así lo dejó saber la comisionada asociada del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Silvia Ugarte Araujo durante la pasada vista pública en la Cámara de Representantes, en respuesta a preguntas de varios legisladores. Preguntas que muchas de ellas iban dirigidas a la poda de vegetación, que alegadamente es responsable del 60% de las interrupciones en el servicio eléctrico.

Cuando el representante Angel Fourquet Cordero cuestionó si el NEPR no tiene otro mecanismo que no sea que el propio LUMA presente la información que lo inculparía, Ugarte Araujo respondió en afirmativa con un «sí» y dejó claro: «No corroboramos, ni vamos al campo y vemos si ellos lo hicieron… No veo porque está mal. Ellos tienen el deber de presentarle al Negociado las cosas reales», indicó la funcionaria.

Cuesta arriba, tedioso y costoso el descubrimiento de la prueba:
La cancelación del contrato de LUMA Energy, presentada como panacea o solución al complejo problema del servicio de energía en el país, acaparó gran parte de la discusión pública durante la pasada campaña electoral y al parecer será tema obligado y eclipsante durante lo que queda de 2025. Un proceso revestido de matices políticos, que de madurar, desembocará en un proceso de litigio judicial que tomará tiempo y mucho dinero, posiblemente por lo que resta del cuatrienio y mandato de la gobernadora Jenniffer González Colón.

Y es que hay aspectos que no pueden ser pasados por alto, como: el incumplimiento y atraso del Gobierno en el pago a LUMA; el deterioro rampante por décadas previas del obsoleto sistema que administra la empresa; el hecho que los grandes apagones que han hecho titulares mundiales están más relacionados a la generación de energía y no a la transmisión y distribución; y más importante aún, el contrato de LUMA está en diversos ángulos atado a la salida de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), algo que no ha sucedido.

La cancelación del contrato a 15 años de LUMA no procede simplemente con documentar los alegados incumplimientos, sino que existen disposiciones para que la empresa subsane los mismos, también hay cláusulas de extensos procesos de mediación y de arbitraje antes de acudir al tribunal, esto además de que para poder demostrar causa para la cancelación se requiere de un incumplimiento durante tres años consecutivos.

Tal vez por esa razón, el zar de Energía, Josué Colón Ortiz, quien ha sacado pecho asegurando que han dado inicio al proceso de cancelación del controvertido contrato, respondió a preguntas de la representante Adriana Gutiérrez Colón, sobre en qué etapa se encuentra el mismo: «Nosotros, cuando entendamos que estamos completamente listos, durante este año», indicó el ingeniero.

En un marco de generalidades, Colón Ortiz añadió a su respuesta: «Cuando tengamos todos los elementos de proteger los mejores intereses de Puerto Rico, cuando entendamos dar el paso de que no va a ocurrir que ninguna situación que nosotros podamos prever que sea en perjuicio o prejuicio del interés público, procederemos con los próximos pasos”, expresó el experto y principal representante energético del Gobierno de Puerto Rico.