El PS 777, que enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020), fue aprobado por descargue y busca investir de poderes y facultades a los municipios que los haría aún más autónomos e independientes del gobierno central.

La legislación presentada por el presidente de dicho cuerpo, Thomas Rivera Schtaz, a petición de la Federación de Alcaldes, presidida por el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, faculta y amplía el poder de los alcaldes para adquirir o expropiar propiedades declaradas estorbo público, eliminando requisitos de consultas a la Junta de Planificación para adquirir y vender bienes y servicios; esto además de asignar contratos de servicios técnicos y especializados en tecnología de manera expedita.

En cuanto a la expropiación de propiedades, la medida dispone que las peticiones ante los tribunales por parte de los ayuntamientos sean atendidas en un término jurisdiccional de 48 horas.

Así también, la medida le permite a los ejecutivos municipales autorizar el destaque de empleados del ayuntamiento en empresas o corporaciones municipales.

Uno de los aspectos más curiosos y cuestionables del proyecto de ley, es que faculta a los alcaldes a gestionar ante sus respectivas legislaturas municipales aumentos en sus propios salarios, con la salvedad de que la revisión de sueldo no pueda ser aprobada dos meses antes o dos meses después de las elecciones generales. Esto además de que el alcalde deberá cumplir con 10 criterios de productividad para poder aspirar a un aumento de salario, entre los que se encuentra la situación fiscal del municipio, conforme al último informe de auditoría.

Según Rivera Schatz: «No estamos ni inventando la rueda ni dándole privilegios a nadie ni burlando procedimientos para quitar la propiedad privada”, expresó el líder senatorial.