La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés), Gabriela Boffelli, aseguró que, hasta este momento, las agencias en Puerto Rico no han experimentado un impacto directo en cuanto a los fondos federales con los que operan sus programas.

La reacción se produce en medio de las órdenes ejecutivas y la intención manifiesta del inquilino de Casa Blanca y la Administración de Eficiencia Gubernamental (DOGE), a cargo del magnate Elon Musk de no tan solo recortar fondos asignados que no han sido utilizados o fondos que considera gasto excesivo, sino el desmantelamiento de agencias como la USAID y el Departamento de Educación federal.

Según Boffelli se mantiene la directriz de la gobernadora Jenniffer González Colón de revisar todos los programas de todas las agencias que utilizen fondos federales, en conformidad con la orden ejecutiva del presidente que requiere la presentación de un informe por cada agencia por parte de todos los estados y territorios, la cual quedó detenida por orden de la jueza Loren AliKhan, del Tribunal de Distrito de Washington D.C., y está pendiente a una determinación.

Guillotina detrás del optimismo:

La realidad es que el filo de la guillotina de recorte de fondos resplandece sobre la Isla, la cual tiene sobre $40,000 millones en fondos federales no utilizados, muchos de ellos fondos de emergencia, recuperación y resiliencia que datan desde 2017, tras el paso del huracan María y de todo este millonaje muchos fondos fueron asignados, pero no asegurados a nivel congresional.
Durante las pasadas vistas de transición en diciembre de 2024, salió a relucir que
unos 23,370 proyectos estaban amenazados en perder $17,200 millones en fondos si la obra no se terminaba para marzo de 2025.

El gobierno de Puerto Rico se mantuvo solicitando prórrogas a FEMA sobre las fechas límites a través de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), dependencia adscrita a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y que se encuentra en proceso de implosión por orden de la gobernadora.

Otro de los muchos ejemplos de fondos federales en peligro, proceso o determinación explícita de recorte es la suspención de cerca de $1,000 millones en fondos para infraestructura, vehículos eléctricos, modernización de carreteras y puertos en Puerto Rico, amparados en la ley de reducción de la inflación promulgada bajo la administración Biden.

Esto es solo una minúscula porción del impacto que puede recibir la Isla, de materializarse en su amplio espectro el plan de recortes de Casa Blanca, que alcanzaría a Educación, Salud, Vivienda, incluyendo subvenciones a organizaciones de interés social, humanitario y de base de fe.