Medios internacionales como el periódico El País de España y la BBC de Londres, han estado reseñando las incidencias de la crítica situación que viven los inmigrantes en la Isla, a raíz de la política migratoria de Donald Trump.

Un reportaje publicado el viernes 6 de junio en la BBC, titulado: «Barrio Obrero la comunidad dominicana de Puerto Rico sacudida por las redadas migratorias de EE.UU.», pone en relieve el estado de terror y las peripecias que viven y realizan los inmigrantes en la Isla para subsistir ante la oleada de detenciones y deportaciones.

El medio cita en su encabezamiento: «Hay personas pasando hambre porque no se atreven salir de sus casas».

La noticia en torno a la confirmación de la colaboración del gobierno de Jenniffer González con las autoridades federales, brindándole información de 6,000 inmigrantes a los que el gobierno les expidió licencias de conducir, ha puesto aún más la lupa de la prensa internacional sobre la Isla en este asunto, por las características particulares que enmarcan la relación política de Puerto Rico y EE.UU.

El reportaje de la BBC presenta la situación de la siguiente manera: «Puerto Rico, un territorio estadounidense sin poderes soberanos desde hace más de un siglo, no está exento de las duras políticas antimigratorias impuestas por el gobierno de Donald Trump. Allí también avanzan las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE), que hasta el miércoles había detenido a 528 migrantes irregulares, de los que 392 tenían nacionalidad dominicana».

En ese marco, la BBC expone los contrastes: «En donde antes era política pública entregar licencias de conducir y permitir abrir cuentas de banco a las personas que no tenían documentos de residencia, ahora se respira miedo. El gobierno local, incluso, confirmó que comparte información con las autoridades sobre los conductores que no tienen estatus migratorio legal».

En el reportaje se recrean escenas y testimonios de inmigrantes dominicanos y el pavor a ser deportados, el autoencierro para esconderse de las autoridades e inclusive el efecto comercial y económico que esta cacería está provocando.

Por su parte, el periódico español El País publicó el pasado 26 de mayo una nota titulada: “Barrio Obrero, el corazón dominicano de Puerto Rico, se desgarra por las redadas de ICE: Es una ciudad sitiada”, en cuyo contenido de igual manera presenta un cuadro patético de la situación por la que atraviesan los inmigrantes en la Isla, mayormente la comunidad dominicana.

“Lo que por años ha sido el corazón latente de la comunidad dominicana en Puerto Rico es ahora una ciudad bajo acecho… Meses de redadas de inmigración ordenadas por la Administración Trump han silenciado este vecindario, donde el miedo a acabar detenido o deportado es atroz”, expresa el reportaje del reconocido medio.

Según la narrativa de El País: “Las detenciones han trastocado no solo a la comunidad migrante en la isla, sino a todo el país. En pocos meses se ha roto la percepción de que Puerto Rico era un santuario para inmigrantes, donde las comunidades extranjeras llevaban años conviviendo y enriqueciendo a la boricua. Un pedazo de tierra en el Caribe que se siente más parte de Latinoamérica que de Estados Unidos, donde se habla español y se abraza al hermano latino, y donde a los inmigrantes se les permite abrir cuentas bancarias, obtener un permiso de conducir especial y comenzar una vida nueva”, reza el extenso reportaje que de igualmente retrata la situación de hechos por la que atraviesa la comunidad dominicana.

En cuanto a la percepción sobre la participación del actual Gobierno de Puerto Rico en todo este entramado el medio expone: “El Gobierno local ha hecho poco por retar las medidas migratorias de Trump. Al revés, desde la ACLU aseguran que hay ‘una intencionalidad de facilitar la implementación de esas políticas’. La gobernadora, Jenniffer González, una republicana que apoya a Trump, aseguró inicialmente que las políticas migratorias del presidente no afectarían a la comunidad inmigrante en Puerto Rico. Desde entonces, sin embargo, ha dicho que la isla ‘no puede permitirse’ ignorar las directrices de la Administración sobre las detenciones de inmigrantes porque Puerto Rico correría el riesgo de quedarse sin fondos federales. Fondos federales que Trump ya retuvo a la isla en su primera presidencia y que el Gobierno local está acusado de malversar. EL PAÍS no obtuvo respuesta al contactar con la oficina de la gobernadora para este reportaje”, expresa el medio en su redacción.