Después de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se negara a dejar sin efecto enmiendas al contrato de compra de combustible a Novum Energy Trading, la empresa Puma Energy amenazó con demandar a la AEE.
Para entender este asunto, hay que retroceder al 15 de noviembre de 2021 cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó el contrato de compra de combustible de $265.5 millones entre la AEE y Novum Energy Trading Inc. para las centrales eléctricas de San Juan, Palo Seco, Aguirre, Mayagüez y Cambalache, y las turbinas de gas de la AEE.
Un contrato que incluía el pago de combustible a precios de mercado y una tasa por la logística y la entrega, conocida como suplemento al precio.
El suplemento al precio negociado por la AEE bajo el proceso de adquisición mejorado era de aproximadamente un 19% más bajo que el suplemento de $9.63 de Puma Energy Caribe LLC, empresa que había fungido como único proveedor de combustible diésel de la corporación pública desde 2014.
Según ha trascendido, en una carta con fecha del 24 de noviembre de 2022, un año después, Puma Energy exige que se investigue a los funcionarios que participaron en el proceso para enmendar el reglamento que hacía viable la contratación de Novum. Además Puma Energy solicita que se realize un proceso de requisición de propuesta que sea consistente con lo que llaman los “principios de transparencia y competencia”.
La carta produjo la respuesta del director ejecutivo de la AEE, Josué Colón en carta remitida el 2 de diciembre de 2022, en donde rechaza los argumentos de Puma Energy y alega que la empresa presentó “una serie de propuestas no solicitadas” pretendiendo “negociar con la AEE de forma exparte, poco transparente, y a espaldas de los demás suplidores, tratando así de obtener ventajas indebidas”.
La respuesta de Colón produjo a su vez que Puma Energy respondiera por escrito el pasado lunes, a través de su presidente, Mario Sierra, indicando que: “La negativa de la Autoridad (AEE) a acceder a nuestra solicitud, no dejará a Puma otra alternativa que no sea recurrir a la vía judicial para impugnar la validez de la extensión del contrato de referencia, así como exigir el fiel cumplimiento con los procesos de adquisición de a agencia y a reclamar sus daños”, expresó Sierra.
Así las cosas parece inminente este choque frontal en los tribunales del país, algo que dará mucho de qué hablar.