San Juan, Puerto Rico – Mientras padres, madres, activistas en pro de los derechos civiles y humanos, organizaciones cívicas, de base de fe, y ciudadanía en general se han lanzado a manifestarse y combatir el nuevo “REGLAMENTO PARA LA INMUNIZACIÓN COMPULSORIA DE NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR Y ESTUDIANTES EN PUERTO RICO“, que obliga a padres y tutores a vacunar a sus hijos con vacunas no deseadas, que entienden representan riesgo para la salud de los menores, algunas personas, incluyendo profesionales del derecho, han optado equivocadamente por enmarcar las manifestaciones y cobertura mediática, como un “intento de la izquierda” para crear revueltas e inclusive violencia.
Nada más lejos de la verdad.
Las manifestaciones ciudadanas se desarrollan a escasos días del comienzo del año escolar 2023-2024. Y los padres, la mayoría vacunados junto a sus hijos, con una o más dosis de esta sustancia, han optado por presentar férrea oposición contra el abusivo reglamento aprobado por los departamentos de Salud, Familia y Educación, el cual sin estado de emergencia o pandemia, obliga a los padres, invocando en sus artículos 10.2.1 y 10.2.2, las sanciones dispuestas en la Ley 25-1983 a sus violadores, que incluyen multas de hasta $500 y pena de reclusión de hasta seis meses de cárcel.
Algunas personas, limitados al ángulo de las exenciones religiosas, defensores parciales de las manifestaciones u opositores a las mismas, argumentan que los medios y figuras mediáticas han exagerado malintencionadamente al mencionar dichas sanciones, porque no son nuevas y están dispuestas en la ley “desde hace cuarenta años”.

¿Cómo compara la Isla con los estados en este asunto?:
Mientras en Puerto Rico, una de las jurisdicciones más vacunadas de Estados Unidos y el mundo, cuyo gobierno ha convertido la vacunación del COVID-19 en una poderosa fuente de ingreso, devengando miles de millones en fondos federales pandémicos, la realidad en la inmensa mayoría de los estados es otra muy distinta.
Una realidad que propicia aún más el éxodo de boricuas en busca de protección y mejor calidad de vida.
Ante el reclamo ciudadano y la fuerte oposición a inocularse o a continuar inoculándose con esta sustancia, e inclusive con muchas de las vacunas tradicionales, algunos estados como Utah han incluido en sus exenciones, además de razones médicas o religiosas, el concepto “creencias personales”.
19 estados han incluido “creencias personales” como parte de las opciones para el otorgamiento de exención de vacunación. Dakota del Norte incluyó en su mandato de ley y reglamento el concepto de exención por “creencia moral o filosófica”.
El estado de Dakota del Sur incluyó la “prueba de anticuerpos” al Covid-19, como opción para la demostración de inmunidad natural, entre los requisitos para el otorgamiento de exención médica.

De esta manera, con los datos corroborables anteriormente provistos por este medio NUEVAISLA.com, el pueblo de Puerto Rico, en especial aquellas personas que no deseen continuar inoculando a sus hijos con las vacunas contra el COVID-19, o cualquier otra vacuna, no tienen por qué aceptar un mandato de ley a todas luces atropellador e inconstitucional, de hace 40 años, cuando no existían estas peligrosas y controvertidas vacunas ni el riesgo que representan, ni aceptar reglamento obligatorio alguno.
Los senadores y representantes en Puerto Rico tienen datos suficientes para realizar dignamente sus sanos oficios a favor del mejor interés y legítima voluntad con fundamento, de sus constituyentes, la familia y la niñez puertorriqueña.