NOTA: Este reportaje se realiza desde adentro, como miembro de una organización creada con el propósito de representar los intereses del gremio de periodistas y los más altos valores éticos y profesionales del periodismo en este país. El propósito del mismo es sacar de la oscuridad y traer a la luz pública la realidad de hechos que aquí se expone, la verdad desconocida detrás de la pantalla que se le presenta al pueblo de Puerto Rico, ejemplificado en el caso particular de un periodista, como lo haríamos con cualquier otro periodista o ciudadano.

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) fundada en 1971, una organización que en sus orígenes representaba y protegía los más altos valores del periodismo en Puerto Rico, al parecer se ha transformado en una sombra, un sello de goma y cueva de agendas personalistas, que dista mucho de su origen y propósito. Un fantasma que aparece ocasional y oportunamente detrás de una pantalla de organización al servicio del periodismo en la Isla, en la cual, a espaldas del ojo público suceden muchas cosas que rayan en un esquema de corrupción, donde la manipulación, violaciones al reglamento, discrimen, selectividad y negligencia controlan desde arriba lo que más que una asociación profesional se ha convertido en una especie de club al margen de caprichos, ensayos e ineptitudes.

A continuación, la historia, con datos y documentos:

En julio de 2020, este periodista, quien aquí suscribe, con más de 25 años de experiencia, acreditado por el Departamento de Estado de Puerto Rico y miembro de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ, por sus siglas en inglés) con sede en Washington D.C., tras haber solicitado ingreso como miembro de ASPPRO y ser evaluado, fue aceptado (ver documentos) en carta suscrita por la entonces presidenta Damaris Suárez, y se pagó la correspondiente cuota de inscripción facturada y cobrada por la Asociación.

Transcurridos dos años como miembro y tras haber renovado en dos ocasiones la membresía, ASPPRO devuelve en diciembre de 2022, la cuota de membresía y comienza todo un proceso de repetidos pagos, repetidas devoluciones meses después de recibidos los pagos, solicitudes de explicación por parte de este periodista, silencio, evasivas, preguntas sin respuesta, tensión y discrimen rampante, comunicaciones vía correo electrónico por parte del miembro periodista, y más silencio aún. Todo esto durante cerca de tres años.

Después de repetidos intentos de comunicación, inicialmente dirigidos a Suárez y la Junta de Directores entre 2023 y 2024, se le suscribió carta en julio de 2024 a la actual presidenta Nydia Bauzá informando la situación de hechos.

Tras no obtener respuesta alguna, este periodista logró contactar a Bauzá vía telefónica el día 10 de septiembre de 2024, en un periódico regional de la zona sur del país, con el propósito de coordinar una vía de comunicación para discutir la situación.

Bauzá se mostró hostil, inapropiadamente agresiva, a la defensiva e indicó que no se sabía de memoria la dirección postal de la Asociación, que no tenía un teléfono, donde el periodista asociado se pudiera comunicar e indicó que procediera a enviarle una carta vía correo electrónico.

Se trataba del mismo correo institucional en el cual, como parte de una agenda selectiva, personalista y discriminatoria NO contestaban ni hasta la fecha del cierre de esta edición han contestado las comunicaciones de este periodista durante los pasados dos años y medio, aunque los reciben, toda vez que nunca nos llegó devuelto un solo correo electrónico, que fue el mismo correo del trámite de la membresía y de donde provienen las notificaciones de devolución de cuotas, además de que previamente la directora ejecutiva, Sra. Leila Andreu, nos contestó que le había hecho llegar a Suárez comunicación de este miembro periodista.

Se cumplió con la solicitud de Bauzá y se le cursó una segunda carta a dicho correo. Y siguiendo el mismo patrón, Bauzá no contestó.

En el proceso, nos damos cuenta de que la institución no daba muestra de seriedad, transparencia ni compromiso en atender diligente y profesionalmente los acercamientos y solicitudes del miembro asociado por ninguna vía, por lo que no queda duda de que se trata de un personalismo selectivo y discriminatorio, pero más aún, nos damos cuenta de que se trata de un ente prácticamente acéfalo, con una estructura administrativa de “cartón”, una pantalla sin oficinas ni facilidades físicas, sin teléfono, donde comunicarse y una dirección postal manipulada, desde dónde fue devuelta la correspondencia certificada que enviamos en repetidas ocasiones con notificación sobre la situación y cuotas devueltas pagadas nuevamente en giro postal que permanecen en sobre sellado según fue devuelta.

Nos damos cuenta de que ASPPRO es un fantasma en medio de una debacle administrativa y otro posible caso de corrupción rampante en Puerto Rico, con la certeza de que alguna de sus influencias, utilizando el nombre del periodismo, los protegerá y hará impunes.

ASPPRO tiene de auspiciadores a una serie de firmas comerciales de importancia en el país, que desconocemos los términos de estos auspicios o relación contractual a cambio de qué, cuáles medios, si alguno, se benefician de estos auspicios y si los mismos administradores tienen conflicto de interés en tales medios o negocios ni el método de rendición de cuentas de ingresos por auspicios y cuotas de membresía o en qué se utilizan ni si existe auditoría alguna de las finanzas de la Asociación.

Otro aspecto preocupante, es que la Asociación como institución se involucra en controversias que pudieran ser interpretadas como violaciones al principio rector de neutralidad que debe regir en la función de un sano periodismo, al asumir posturas politizadas no necesariamente objetivas que involucran a funcionarios de gobierno. Posturas que aunque cumplen con el derecho a la libre expresión y lo defienden, pudieran resultar inflamatorias en sectores de la sociedad puertorriqueña.

La Asociación acostumbra a hacer declaraciones condenatorias que hacen referencia a una transparencia, defensa de los más altos valores del periodismo, democracia, derechos, verticalidad y otras muchas palabras encumbradas, enarbolando una retórica atractiva para los oídos, que dista mucho de sus actos.

Los mismos que se llenan la boca invocando transparencia y cumplimiento a las agencias de gobierno de la Ley 141 “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información”, son los mismos que manipulan y bloquean la información a la que tiene derecho un periodista miembro en su propia organización.

En su agenda personalista y discriminatoria contra el miembro periodista, tanto Suárez, como Bauzá y el resto de la Junta de Directores, no tan solo lo privaron de comunicación, sino de las notificaciones regulares a un miembro asociado, además de que sus reportajes compitieran en igualdad de condiciones con los demás colegas periodistas en certámenes que organizan como punta de lanza de su pantalla pública.

ASPPRO violó el derecho que le asiste al miembro periodista de inclusive participar en reuniones y ejercer su voz y voto como dispone el Reglamento de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, en su Artículo III sección 1: “Los miembros activos tendrán derecho a voz y voto en todas las reuniones de la Asociación y podrán elegir y ser elegidos para servir en la Junta de Directores”.

También bloquearon la comunicación vía correo postal, bajo la estrategia de rechazar los correos certificados, los cuales son devueltos una y otra vez.

ASPPRO se ha mantenido cancelando y devolviendo la cuota de renovación de membresía a este periodista desde 2022. Las preguntas que surgen son: ¿Quién o quiénes ordenan esta devolución? ¿Bajo que autoridad reglamentaria, motivo o circunstancia se produce?

A la luz de los hechos y la evidencia, que no se limita a lo antes expuesto, ASPPRO creó un esquema para no tan solo marginar, sino eliminar de la Asociación a este periodista, de manera selectiva, sistemática, discriminatoria y mal intencionada, creando de manera torpe el mecanismo de falta de pago de cuotas, en ausencia de una causa de acción que pudiera justificar una cancelación de su membresía.

¿Pero qué dice el reglamento?¿Cómo ASPPRO puede cancelarle la membresía a un asociado?

Cabe señalar, que este periodista actualmente es miembro de la Asociación y ha de continuar siéndolo, mientras cumpla con las disposiciones reglamentarias o se pruebe lo contrario. ASPPRO está obligado a aceptar las cuotas o explicar por qué las devuelve.

El miembro periodista le cursó una última carta, el pasado 1 de septiembre de 2025 y así se le informa.

Como parte del análisis público, es meritorio poner en perspectiva lo que establece el Reglamento para perder o cancelar la membresía de un asociado, las cuales se limitan a: petición o renuncia del miembro; atraso en el pago de la cuota o por asuntos disciplinarios y éticos.
“ARTICULO XIV – Asuntos Disciplinarios y Éticos
Sección 1: Por acción de la Junta – Un miembro puede ser dado de baja de la Asociación por decisión de la Junta por las siguientes razones:
a) Violación seria al Reglamento de esta Asociación.
b) Violación seria de la ética profesional.
Para la Junta poder actuar como lo dispone la Sección 2, necesitará haber recibido un informe del Comité de Ética y el voto de dos terceras (2/3) partes de sus miembros. Pero si este Comité no recomienda el dar de baja a un socio y la Junta considera que ello es necesario, entonces necesitará el voto de tres cuartas (3/4) partes de los miembros de la Junta.
A ningún miembro se le aplicarán sanciones impuestas en este artículo sin antes citarlo ante la Junta y plantearle los cargos que se le imputen. Una vez la Junta decida plantear el caso se le avisará al miembro por escrito con por lo menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la vista.
El Comité de Ética investigará y tomará acción sobre la conducta de un miembro, sólo si se somete la correspondiente querella por escrito o si la denuncia de violación ha sido de conocimiento público y es de fácil corroboración por los miembros de la Junta que motivó la activación del Comité”, reza el reglamento.

Este periodista, José Santiago Gabrielini, no ha solicitado cancelación de membresía ni ha renunciado a la misma ni ha sido objeto de señalamiento disciplinario alguno.

No tan solo el miembro asociado exige explicaciones a esta práctica y conducta que pudiera conllevar una causa de acción legal por discrimen, daños y perjuicios, sino que el pueblo de Puerto Rico merece conocer una respuesta de ASPPRO a esta denuncia pública por un miembro periodista acreditado por el Departamento de Estado, en lo que no tan solo es una agenda personal y discriminatoria, sino que pudiera constituir parte de un esquema de corrupción rampante dentro de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico.