Tras las declaraciones del congresista Darren Soto (demócrata/ Florida) en torno a que se dispone a impulsar un proyecto de ley “descolonizador”, que paradójicamente incluya el presente estatus colonial en un plebiscito, se han desatado los perros cancerberos que custodian el inframundo político puertorriqueño.

Se trata de una iniciativa para utilizar de modelo el proyecto de ley 8393 de 2022, el cual fue aprobado en la Cámara de Representantes federal y que proponía un plebiscito vinculante con aval congresional e incluía la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia, al cual se le añadiría ahora el Estado Libre Asociado (ELA).

Según el congresista boricua, el proyecto pudiera estar siendo presentado en la primavera de 2026, es decir: entre marzo y junio del próximo año, de cara a las elecciones de medio término que podrían redefinir la mayoría en Cámara y Senado.

Y aunque resulta poco probable que bajo la actual mayoría republicana el proyecto pueda tener futuro, toda vez que ni el presidente ni sus legisladores desean correr el riesgo de que se impusiera la estadidad, fletando de “puertorricans” las bancas legislativas, debido a las tendencias observadas en las primarias presidenciales e inocuas consultas criollas, donde el voto demócrata ha prevalecido sustancialmente en la Isla; nada está escrito en piedra.

La mera intención de promover un proyecto de estatus serio, constitucional y vinculante, que incluya el ELA, le tiene en estado de “frizzy” el cabello a los sectores estadistas e independentistas del país, toda vez que nadie puede negar que la fórmula ideada por Don Luis Muñoz Marín en 1950 y oficializada en 1952 tras el referendum de 1951, tiene profundo arraigo en el pueblo.

Soto aseguró que siempre busca “el apoyo de la isla” en iniciativas relacionadas a Puerto Rico y que considera la participación de la gobernadora y el comisionado residente – en los extremos del prisma político – entendiendo que la gobernadora Jenniffer González Colón es republicana estadista y el comisionado Pablo José Hernández Rivera es demócrata estadolibrista, reflejo del voto de los puertorriqueños.

Según el legislador eso es muy importante para el “porque hemos visto a algunas diásporas intentando manipular la isla”. ¿Pero a qué diáspora se refiere Soto?

Ante la posibilidad de que el ELA sea incluido en un plebiscito vinculante, los populares han quedado bañados en dopamina.

Hernández Rivera, quien también preside el Partido Popular Democrático (PPD), expresó en declaraciones escritas: “Reitero que mi prioridad es el costo de vida, la paridad en fondos federales, y la reconstrucción energética, no el asunto del estatus… Si alguien trae el tema del estatus a discusión, impulsaré una opción para mantener y mejorar el ELA… Creo en lograr más autonomía para nuestro desarrollo económico, más participación en el gobierno federal, más presencia internacional y más paridad en programas federales dentro de la unión permanente con los Estados Unidos”, declaró el nieto del exgobernador Hernández Colón, calificado por unos como “el pollito”, y por otros como “el gallito” con visibles espuelas.

Sin embargo, el consenso entre el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) es que ya en el plebiscito del 2012, los puertorriqueños habían rechazado la pregunta: “¿Quiere usted mantener la actual condición territorial?”

En ese ejercicio electoral, uno de los seis plebiscitos de estatus realizados en la historia de Puerto Rico, hubo una participación de un 78.19% del total de electores registrados y el 53.97% contestó que No estaban de acuerdo con el estatus territorial actual (ELA) versus un 46.03% que contestó que Sí estaba de acuerdo.

De otra parte, el siempre elocuente y creativo secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y excandidato a la gobernación, Juan Dalmau, quien insiste en una Asamblea de Estatus como mecanismo para la descolonización, calificó la propuesta de Soto de “ridícula, porque el problema no puede ser la solución”.

Dalmau subrayó que “el colonialismo no puede presentarse de nuevo, maquillado, como una alternativa descolonizadora” y que “esa indignidad fue rechazada por el pueblo de Puerto Rico en las urnas en 2012”.

Así las cosas, el nuevo año perfila como zona de combate político y potencial cosecha para cabilderos que ya afilan sus colmillos, algunos de ellos pagados con fondos públicos. Esto en el infinito, complejo, colorido, antagónico y lucrativo carrusel del estatus político, donde las preguntas subyacentes siempre serán las mismas: ¿Será Puerto Rico algún día un estado en plena igualdad de EE.UU.?¿Nos quieren o no nos quieren?¿Estará dispuesto EE.UU. a soltar su propiedad en el Caribe?¿Terminará algún día el coloniaje de más de 500 años en la Isla? Juzgue usted amigo lector.