Después de que la pasada semana rompiera la noticia en Prensa Asociada en torno a que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) determinaron excluir a ocho importantes asociaciones médicas de los grupos de trabajo del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), un amplio sector de la clase médica ha quedado revuelta e indignada, entendiendo que se trata de un tipo de conspiración sistemática por parte del secretario del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), el abogado Robert Kennedy Jr., de manera descabellada, para privar a los estadounidenses de programas de inmunización.

Hablamos de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (IDSA), la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) y la Asociación Médica Estadounidense (AMA), además del Colegio Americano de Médicos, la Sociedad Americana de Geriatría, la Asociación Americana de Osteopatía, la Asociación Médica Nacional y la Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas.

Un correo electrónico señalaba que las reconocidas organizaciones médicas son “grupos de intereses especiales y, por lo tanto, se espera que tengan un ‘sesgo’ basado en su electorado y/o la población que representan”.

De hecho, la acción no se limita a las asociaciones médicas, toda vez que Kennedy ya había despedido a toda la ACIP en junio, alegando que estaban demasiado alineados con los intereses de las farmacéuticas ¿pero no es así?

Las ocho entidades excluidas han emitido escritos independientes y conjuntos de repudio a la determinación, poniendo en relieve su «importante rol» en el asesoramiento y recomendaciones por décadas en la creación de políticas de inmunización en Estados Unidos.

En contraparte, un sector minoritario, pero no menos importante de la comunidad médica y científica, aplauden la determinación, entendiendo que marca un hito para la creación de un organismo verdaderamente independiente, libre de tendencias y discursos inflexibles atados a múltiples factores e intereses, que no necesariamente son científicos.

Es de todos conocido que los tentáculos de la industria farmacéutica son omnipresentes, de igual manera, es de todos conocido que la otra tapa del sandwich son las aseguradoras, y cualquier evaluación y recomendación sobre vacunación tiene que pasar el crisol de una industria de salud profundamente ligada a intereses económicos.

«Nos sentimos profundamente decepcionados y alarmados por el hecho de que nuestras organizaciones sean catalogadas de ‘sesgadas’ y, por lo tanto, se les impida revisar datos científicos e informar sobre el desarrollo de recomendaciones de vacunas que, durante mucho tiempo, han contribuido a garantizar la seguridad, la eficacia y la imparcialidad del programa de vacunación de nuestro país… Retirar nuestra amplia experiencia médica de este proceso vital y antes transparente es irresponsable, peligroso para la salud de nuestra nación y socavará aún más la confianza del público y de los profesionales clínicos en las vacunas. Instamos encarecidamente a la administración a que reconsidere la exclusión de nuestras organizaciones del proceso de revisión de vacunas del ACIP”, declaró la AMA en un comunicado, junto a otras organizaciones médicas.

Sin embargo, un creciente sector cuestiona no haber escuchado a estas organizaciones levantar bandera y exigir una investigación, evaluación o revisión, ante lo que parece ser una avalancha de reacciones adversas graves y muertes asociadas a las vacunas contra el COVID-19, que han sido objeto de investigación de equipos científicos serios con resultados comprometedores. Por el contrario, solo recomiendan más dosis de la sustancia.

Tampoco han divulgado la cantidad de médicos miembros de sus organizaciones que no tienen ni una sola dosis de estas vacunas y ¿por qué? Sin embargo, las promueven como «eficaces y seguras».

Hasta el día de hoy, el HHS bajo la administración de Kennedy, ha sido claro y categórico, de manera testifical ante el Congreso y documental en su política pública, en que las vacunas son útiles e importantes para prevenir enfermedades, que se continuarán produciendo vacunas mejores y más seguras, y que todo estadounidense tendrá acceso garantizado a vacunas y programas seguros de inmunización.