El PS0001 que busca crear la «Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico», y enmienda el artículo cinco de la Ley 25 del 1983, a fin de que se reconozca la libertad religiosa como un derecho, aunque existen disposiciones constitucionales que la protegen, ha generado discusión y oposición entre diversos grupos y organizaciones, entre los cuales se encuentra, los defensores de los derechos LGBTT respaldados por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), y los opuestos a la vacunación forzada, en este caso sobre sus hijos.

En la sesión del jueves 29 de enero, el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz tomó un turno para hablarle a las gradas e indicarles que el proyecto será aprobado a la luz del poder y mandato que le brindó la pasada victoria electoral, la cual le dió al PNP mayoría en ambos cuerpos legislativos.

«Durante la campaña, alguna gente criticó al partido que incluyó el tema de libertad religiosa en la plataforma y a este servidor que específicamente se comprometió a atenderlo… En su campaña contra nosotros nos advirtieron que si ganábamos íbamos aprobar esa agenda. Pues señores, tenían razón. Fue el compromiso que hicimos, promover la libertad religiosa y el proyecto lo vamos aprobar”, expresó Rivera Schatz.

El sector de los opositores a la vacunación forzada en las escuelas, expresan que aunque el proyecto utiliza un lenguaje inclusivo que luce proteger sus derechos de objeción por razones religiosas y parentales, abre una puerta al estado para vacunar a sus hijos en caso de una emergencia como podría ser una epidemia u otra pandemia, lo cual volvería a traer consigo el choque entre el estado y este sector ciudadano, experimentada durante la pasada pandemia del COVID-19.

La sección 9 artículo 5 del proyecto de ley estipula: “No se requerirá el certificado de inmunización para admisión o matrícula de aquel estudiante o niño pre-escolar que presente una declaración jurada de que él o sus padres pertenecen a una organización religiosa, cuyos dogmas confligen con la inmunización o de que él o sus padres tienen sinceras creencias o convicciones religiosas que estén en conflicto con la inmunización. Las exenciones por razones religiosas no podrán ser dejadas sin efecto a menos que medie una orden administrativa expresa, por un término que no excederá la duración de una declaración de epidemia emitida por el Departamento de Salud de conformidad con su ley habilitadora”, reza el documento.

Así las cosas, este proyecto de ley continuará dando mucho de qué hablar y pudiera convertirse en otro esfuerzo fútil que no atiende el aspecto sustantivo del problema, más allá del mollero legislativo de Rivera Schatz y su mayoría política: Los padres opositores no desean vacunar a sus hijos, de ninguna manera, sea por epidemia, pandemia o que se esté cayendo el mundo.