Para los que no son duchos en el tema, el impuesto al inventario es un cargo que los comercios pagan sobre los bienes que tienen en sus almacenes.

El pago del impuesto se efectúa dos veces al año, se hayan vendido o no los productos y aún si tales bienes ya pagaron el impuesto el año anterior.

Hablamos de un impuesto de un 9% que los municipios utilizan como cantera de ingresos y que genera un total que ronda los $300 millones.

Este impuesto no solo es un lastre para el comercio, especialmente para los pequeños y medianos negocios, sino que es tóxico para el bolsillo del consumidor, porque es ahí donde termina trasladándose.

Este impuesto es responsable de la escasez de mercancías en desastres naturales, porque los comerciantes tratan de limitar sus inventarios a sus ventas habituales, para no pagar demás por mercancías en un almacén.

Todos lo saben, todos los políticos se llenan la boca describiendo el problema y asegurando que hay que resolverlo y que buscarán maneras para eliminarlo y encontrar otras fuentes sustitutas de ingresos para los municipios.

Pero como buenos boricuas, en la jurisdicción de los entuertos, al no encontrar vías de acuerdo, se inventaron la «solución», acompañada del término «congelación» por un tiempo determinado, que es sinónimo de engavetar y no hacer nada por ese tiempo determinado, que se debate entre tres y cinco años.

O sea, se queda el impuesto y el problema, pero se alivia la discusión y se relaja la responsabilidad apremiante.

«Congelación» un conveniente término político que le brinda una conveniente protección a políticos incumbentes del pecado de no hacer nada. Y filete con papas si esa protección política o «congelación» va más allá de las elecciones de 2028.

¿Qué dice la gobernadora?

La gobernadora Jenniffer González Colón defendió la «congelación» del  impuesto al inventario, que formaba parte de sus promesas de campaña, y le impartió mayor peso a su postura al señalar la satisfacción de los alcaldes, que lo ven con buenos ojos. Algo, que quizás para algunos, sería como decir que los cabros ven con buenos ojos las lechugas.

«No dejan de recibir dinero. De hecho, esa reunión con la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes se dio en este mismo salón y ambas organizaciones acordaron la congelación del impuesto al inventario… La intención es finalmente eliminarlo eventualmente. Y por eso lo tenemos que congelar primero para poder cerrar hasta dónde tenemos que buscar fuentes de ingreso para los municipios”, explicó González Colón, en referencia al Proyecto 420 de la Cámara de Representantes que inicialmente buscaba el congelamiento a cinco años y que el Senado de Rivera Schatz redujo a tres años contributivos. La gobernadora insiste en los cinco años.

Así como leyó, según González Colón hay que congelar por cinco años el impuesto y la cantidad que reciben los municipios, en lo que La Fortaleza identifica una fórmula o manera de eliminarlo. Una discusión que lleva casi diez años de los 20 que lleva González Colón en la política, entre legisladora, comisionada residente y ahora gobernadora. Una discusión que apuesta a retomar en 2030, en un segundo mandato.
Por eso, el título de esta nota de prensa.

Y es que menos de diez estados tienen un impuesto al inventario y los que lo tienen es exponencialmente menor que el de Puerto Rico. En ninguna jurisdicción hemos encontrado un lenguaje similar: «congelar para eliminar en cinco años».

Entendiendo el término «congelación»:

De convertirse en ley se fijaría la imposición contributiva sobre el valor del inventario a base de un promedio de valoración de inventarios y la tasa de contribución vigente para el año fiscal 2025-2026. Es decir, la contribución sobre el renglón de impuesto al inventario quedará fija por cinco años y se computará a base del promedio anual reportado por el comercio por tres años antes de entrar en vigor, en otras palabras: durante los pasados años 2022, 2023 y 2024.

El comercio no va a dejar de pagar por el inventario, aunque puede ampliarlo a su discreción sin incurrir en mayor pago de contribución.

Sin embargo, el alto costo de hacer negocio en Puerto Rico continúa vigente y el efecto de encarecer los productos para cubrir esos altos costos también.

Un poquito más para entender mejor el problema:

Un reportaje investigativo del Instituto de Libertad Económica (ILE), publicado en octubre de 2023, expone: «Los municipios de Puerto Rico recaudan un impuesto poco habitual que pone a las empresas de la Isla en desventaja con respecto a la mayoría de sus homólogas del continente. El impuesto se aplica al valor de los inventarios, en forma de productos acabados (listos para la venta), «trabajos en curso» (productos parcialmente ensamblados) o materias primas. Forma parte de un régimen de impuestos sobre la propiedad que va más allá de los bienes inmuebles y afecta a una amplia gama de artículos propiedad de las empresas de Puerto Rico, como el efectivo en caja, los materiales y suministros, el mobiliario y las instalaciones, y la maquinaria y el equipo», reza el reportaje.

Más preocupante aún son algunos datos que dejan ver la razón por la cual muchas empresas en la Isla pisan y no arrancan: «Además de aumentar el costo de hacer negocios, el impuesto de inventario impone una carga adicional de información a las empresas de Puerto Rico. Es una de las razones por las que Puerto Rico recibió una puntuación tan baja del Banco Mundial cuando comparó la facilidad de pago de impuestos entre jurisdicciones. En esta métrica, Puerto Rico ocupó el puesto 163 de 190 países incluidos en la encuesta del Banco Mundial».

Un detalle adicional, que puede pasar por alto y que ayuda a entender el por qué en 2024 se registró un aumento del 21.2% en quiebras comerciales en comparación con 2023. Y el por qué las quiebras de negocios se elevaron un 28.7% en los primeros seis meses de 2025: «Como las empresas que enfrentan dificultades por vender sus productos suelen tener más inventario, el impuesto (al inventario) les afecta especialmente fuerte. Como resultado, el impuesto sobre el inventario puede ser ‘la gota que colma el vaso’ y obligar a las empresas en dificultades a cerrar», expone el ILE.

Así pues amigo lector, cada cuatro años, en medio de pasiones partidistas, manipulaciones mediáticas y exquisita retórica, se escogen las piezas del engranaje de la máquina de darse patadas en el trasero, en la cultura política del cuento en la jurisdicción de los entuertos.