Después que la gobernadora Jenniffer González Colón anunciara en días recientes que el gobierno federal dio inicio a un proceso para la salida del denominado agente fiduciario externo (Third-Party Fiduciary Agent [TPFA], en inglés), mejor conocido como el «síndico», que supervisa el manejo de fondos federales en el Departamento de Educación (DE), el secretario Eliezer Ramos Parés, manifestó su satisfacción y anticipa que la determinación será clave para aumentar la eficiencia de la agencia.

La determinación de la administración del presidente Trump, surgió a raíz de una evaluación del desempeño del DE, lo cual representa un logro significativo para la actual administración de González Colón.

En un comunicado, el Departamento de Educación federal (USDE, por sus siglas en inglés), informó que el DE ha demostrado progreso considerable en la implementación de su Plan de Acción Correctiva Integral (CCAP, por sus siglas en inglés), atendiendo áreas claves como controles internos de nómina, recursos humanos, adquisiciones, contratación y manejo de subvenciones federales, lo cual dio paso a un proceso de transición que permitirá eliminar gradualmente la figura del síndico.

Durante el proceso de transición, la agencia con el presupuesto más grande del Gobierno de Puerto Rico asumirá de manera plena sus funciones administrativas y financieras, fuera del escrutinio del agente fiduciario.

Lo que representa en arroz y habichuelas:

La salida del síndico no tan solo trae consigo libertad administrativa y mayor eficiencia en áreas como compras y contrataciones, sino que representa un ahorro sustancial en término de los altos costos que conlleva la presencia de éste en el DE, que según informó Ramos Parés, le ha costado $150 millones en cinco años al Gobierno de Puerto Rico.

«Ese dinero que antes se iba a un contrato, ahora iría dirigido a las salas de clase”, expresó el titular de la agencia, quien a la sazón trajo a colación la eliminación de burocracia para la toma decisional, que hacía que tomara «días, semanas y en ocasiones meses la puesta en acción para que el dinero empiece a fluir, sea en obligaciones, en pagos o en lo que es la adquisición de materiales”.

Las expresiones de satisfacción del secretario se produjeron con un sabor agridulce en el paladar, al señalar que en un momento dado se puso en duda su labor, que en cierta manera ha quedado reinvindicada, aunque pudiera persistir esa duda en la opinión pública: «Hay un tema igualmente que está en la siquis de todos: nos quitaron la confianza en algún momento y pusieron en duda el trabajo que se estaba haciendo”, señaló Ramos Parés.

De hecho, la determinación del USDE sirve de pavimento para la aprobación del justo y esperado «Plan de Clasificación y Retribución», que beneficia a los empleados no docentes de la agencia, el cual está nuevamente sobre la mesa de negociación, tras haber sido rechazado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Un plan de justicia salarial que según adelantó el secretario, no tan solo es “muy loable, amerita atención y es urgente”, sino que su aprobación está “a la vuelta de la esquina”.

La aprobación del Plan de Clasificación y Retribución cobijará a asistentes de educación especial, oficinistas, auxiliares, sicólogos y terapistas, entre otros empleados no docentes.