El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, en inglés), emitió un impactante comunicado de prensa en donde no tan solo anuncia una importante iniciativa para comenzar a reformar el sistema de trasplante de órganos, sino que establece que la misma surge a raíz de una investigación realizada por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, en inglés), la cual reveló prácticas alarmantes por parte de una importante organización de obtención de órganos.

“Nuestros hallazgos demuestran que los hospitales permitieron que el proceso de obtención de órganos comenzara cuando los pacientes mostraban signos vitales, y esto es horroroso. Las organizaciones de obtención de órganos que coordinan el acceso a los trasplantes deberán rendir cuentas. Todo el sistema debe ser reformado para garantizar que la vida de cada posible donante reciba el trato que merece”, expresó el Secretario de Salud, Robert Kennedy Jr.

La HRSA ordenó a la Red de Obtención y Trasplante de Órganos (OPTN) reabrir un caso preocupante relacionado con daños potencialmente prevenibles a un paciente con lesión neurológica causados por la Organización de Obtención de Órganos (OPO, en inglés) financiada con fondos federales, que presta servicios en Kentucky, el suroeste de Ohio y parte de Virginia Occidental.

Según trascendió en el comunicado, durante la administración Biden, el Comité de Membresía y Estándares Profesionales de la OPTN cerró este caso sin tomar medidas. Ahora la HRSA exigió una revisión exhaustiva e independiente de la conducta de la OPO y del tratamiento de los pacientes vulnerables bajo su cuidado.

La investigación independiente de la HRSA reveló una clara negligencia después de que la anterior Junta Directiva de la OPTN afirmara no haber encontrado problemas importantes en su revisión interna.

La HRSA examinó 351 casos en los que se autorizó la donación de órganos, pero finalmente no se completó.

La investigación revela que en 103 casos (29.3%) se observaron características preocupantes, incluidos 73 pacientes con signos neurológicos incompatibles con la donación de órganos. Es posible que al menos 28 pacientes no habían fallecido aún en el momento en que se inició la obtención de órganos, lo que plantea serias cuestiones éticas y legales.

La evidencia indicó evaluaciones neurológicas deficientes, falta de coordinación con los equipos médicos, prácticas de consentimiento cuestionables y clasificación errónea de las causas de muerte, particularmente en casos de sobredosis.

Las vulnerabilidades fueron mayores en hospitales pequeños y rurales, lo que indica deficiencias sistémicas en la supervisión y la rendición de cuentas.

En respuesta a estos hallazgos, la HRSA ha exigido medidas correctivas estrictas para la OPO y cambios a nivel de sistema para proteger a los posibles donantes de órganos a nivel nacional.

La OPO debe realizar un análisis completo de la causa raíz de su incumplimiento de los protocolos internos, incluido el incumplimiento de la regla de observación de cinco minutos tras el fallecimiento del paciente, y desarrollar políticas claras y aplicables para definir los criterios de elegibilidad de los donantes. Además, debe adoptar un procedimiento formal que permita a cualquier miembro del personal detener un proceso de donación si surgen preocupaciones sobre la seguridad del paciente.

La HRSA también tomó medidas para garantizar la mayor seguridad de los pacientes de todo el país al donar órganos, instruyendo a la OPTN a mejorar las medidas de protección y la supervisión a nivel nacional.

Según la directiva de la HRSA, los datos sobre cualquier interrupción de la donación de órganos por motivos de seguridad solicitada por familias, hospitales o personal de la OPO deben notificarse a los organismos reguladores, y la OPTN debe actualizar las políticas para fortalecer la seguridad en la obtención de órganos y proporcionar información precisa y completa sobre el proceso de donación a familias y hospitales.