Seguramente, usted está claro de que después de largos años de negociación y «tira y jala» entre bonistas y el Gobierno de Puerto Rico por la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la deuda original de sobre $12,500 millones, por la que no se ha pagado un centavo, más allá de invertir cientos de millones en abogados y asesores, desde 2016 cuando entró la protección de la Ley PROMESA, estuvo a punto de ajustarse en $2,400 millones y hubo un grupo de acreedores que estuvo de acuerdo.

Seguramente, también usted está claro que la deuda es de todos los boricuas, aunque no nos guste, y que si no se llega a un acuerdo ajustado, tendremos que pagarla a plazos durante largos años o décadas en la factura energética, y quién sabe de qué otra manera, tres o cuatro veces más que bajo aquel Plan de Ajuste de la Deuda (PAD). Un PAD que al parecer acaba de convertirse en «sal y agua» y que un día puede verse como los botes salvavidas del SS Titanic.

Y es que, aunque ya el PAD estaba atravesando serios escollos, que comenzaron a ponerse más difíciles con la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, determinando que los bonistas tenían derecho al cobro del total de la deuda que fijó en $8,500 millones sobre el neto de los ingresos de la AEE, aún se mantenía remotamente con vida. Pero después de que en días recientes el presidente Trump destituyera a seis de los siete integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), tanto los bonistas que no transaban con el PAD, como los que estaban de acuerdo, se unieron y firmaron un acuerdo rechazando el PAD.

Así trascendió el martes 26 de agosto, al darse a conocer el acuerdo entre los bonistas, notificado en una moción a la jueza Laura Taylor Swain.

Hablamos de un 90% del total de bonistas que suscribieron un acuerdo solidario y vinculante, el cual entra en vigor el 1 de octubre y se extiende hasta el 31 de agosto de 2026.

En el acuerdo, los bonistas se comprometen a no «apoyar, asistir, unirse, participar o votar a favor del plan de ajuste en su forma actual”, lo cual a su vez le impone un límite a la JSF y los nuevos integrantes que pudieran ser nombrados, de negociar por separado con grupos de bonistas y alcanzar acuerdos independientes, según como lo había estado haciendo.

Así las cosas, la distancia en el camino para la imposición de un síndico, parece haberse reducido significativamente, a no ser que surja una fórmula de acuerdo milagroso, que sería sustancialmente mayor que aquellos indeseados $2,400 millones.