Los fiscales generales de 22 estados de EE.UU. se han unido exigiendo a la administración Biden el cese y desista del mandato que obliga a hospitales y organizaciones de salud exigirle a sus empleados prueba de vacunación para permanecer en sus empleos.
En enero de 2022 y en votación de 6 a 3 el Tribunal Supremo de EE.UU. había bloqueado el mandato de Casa Blanca que imponía a todos los empleadores con 100 o más empleados exigirle pruebas de vacunación a estos, sin embargo, mantuvo la discreción de los centros que reciben fondos de Medicare o Medicaid de exigir pruebas de vacunación a sus empleados.
Ahora los 22 fiscales argumentan que a raíz de que las vacunas han probado ser inefectivas para prevenir la infección o la transmisión, resulta inoficioso condicionar el trabajo de un profesional de la salud a que esté o no vacunado.
Uno de los peticionarios, el fiscal general de Montana, el republicano Austin Knudsen expresó: “El mandato ha limitado el acceso de muchos pacientes a la atención médica necesaria e impuesto costos sustanciales a los pacientes y trabajadores de la salud sin los beneficios correspondientes. La administración de Biden nunca debería haber impuesto este mandato, y los Centros de Medicare y Medicaid (CMS) deberían tirarlo a la basura donde pertenece”, señaló
knudsen.
Uno de los mayores problemas que presenta este mandato, es que ha reducido sustancialmente la cantidad de médicos y personal de la salud, los cuales han puesto por miles sus renuncias al rehusar vacunarse o continuar inoculándose con las dosis de “refuerzo”, conociendo estos de primera mano la avalancha de reacciones adversas a mediano plazo que están atendiendo a causa de la sustancia experimental para “combatir” una enfermedad con poco más de un .5% de mortalidad, es decir, cerca de un medio porciento. Un porciento de mortalidad básicamente similar al de antes de existir la vacuna.