El recalcitrante problema de morosidad en el pago de servicios de salud por parte de las aseguradoras a los proveedores, un problema de décadas que conoce muy bien la Administración de Servicios de Salud (ASES), el cual ha acorralado a la clase médica del país, llevando a las prácticas privadas al límite de la subsistencia, ahora aparece como tema de interés apremiante ante las investigaciones federales de mal uso y desvío de fondos en planes Medicare Advantage, el imparable éxodo de médicos, las protestas de los profesionales de la salud, el abusivo despido de empleados, el rampante deterioro en facilidades y equipos, la precariedad financiera en hospitales y centros de salud; en fin, un sálvese quien pueda en medio del atropello, mientras los grandes mogules del Cartel de la Medicina en Puerto Rico amasan fortunas incuantificables. Los mismos mogules que compran políticos, sufragan campañas, compran medios y mantienen cautiva el ejercicio de la medicina en el país, en la cara del gobierno y con el aval de éste.
El senador Rubén Soto Rivera, presidente de la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, anunció que dicho cuerpo legislativo reiniciará en agosto la investigación en torno a la monumental deuda de las aseguradoras a los proveedores y sistemas hospitalarios en el país. Una investigación que muchos escépticos cuestionan si terminará en algún pasillo, oficina, reunión a puertas cerradas o callejón sin salida.
Según ha trascendido, estarán citados a las vistas públicas oficiales del Departamento de Salud, el Comisionado de Seguros de Puerto Rico y representantes de ASES.
“Es hora ya de que ASES entre directamente a trabajar y atender las deudas de los hospitales del país, porque van a haber más hospitales dentro del sistema hospitalario de Puerto Rico que van a tener quiebras”, expresó Soto Rivera en clara referencia al Grupo Hospitalario HIMA San Pablo, que terminó despidiendo el 19 de julio de este año a 300 empleados en medio de una crisis financiera, entre cuyos precipitadores se encuentra una alegada deuda de sobre $26 millones en servicios prestados por parte de Triple S que data desde el 2018.
Por su parte, la Cámara de representantes tiene ante su consideración diversas medidas que atienden el “pago justo” a los empleados de salud y las tarifas a los proveedores de salud, entre otras medidas correctivas o paleativas.
La esperanza de médicos y pacientes es que el salvamento de la salud en Puerto Rico no se asemeje a la historia del RMS Carpathia y el RMS Titanic.