Hace unas semanas el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, hablaba de la eliminación de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES).
Luego se modificó el discurso, para hablar de incorporar la decadente e ineficiente corporación pública al Departamento de Salud como una oficina más suscrita a esta agencia.
Ahora el Senado aprobó una medida que enviste a ASES de mayor alcance y responsabilidad en sus funciones.
ASES estará facultado para crear reglamentación a los fines de promover y asegurar el acceso de los pacientes a los proveedores de servicios de salud y fiscalizar a las aseguradoras obligándolas a presentar anualmente ante el Ejecutivo y la Legislatura un informe estadístico de sus actividades.
La medida busca que ASES pueda requerir información so pena de multas y emitir directrices a fin de asegurar “que las redes de proveedores sean aptas, accesibles y completas, así como provisión de tarifas uniforme por los servicios profesionales que compense de forma óptima los servicios médico – hospitalarios y de apoyo rendidos a los beneficiarios del plan”, reza el proyecto aprobado.
Un proyecto que para algunos es de carácter cosmético, y otros más suspicaces califican de encargo, para mantener viva la corporación pública. Un proyecto cargado de retórica en campos donde ya ASES tenía rango de acción y durante décadas fue ineficiente e insuficiente en su desempeño.
Y es que la Ley Núm. 72 de 1993, ya establecía que ASES tiene la facultad de “fiscalizar y evaluar los servicios que ofrecen las compañías aseguradoras contratadas para garantizar el cumplimiento, calidad y que sean costo efectivos”.
Esta corporación pública administra el Plan Vital, un descomunal programa de seguros de salud – para una isla con 3.2 millones de habitantes- con cerca de 1.5 millones de beneficiarios adscritos al programa de Center for Medicare and Medicaid Services (CMS).
Nadie mejor que ASES para conocer el problema de la salud en Puerto Rico, las miserables tarifas por prestación de servicios, el juego del atraso en pagos por parte de las aseguradoras a los proveedores, y cuáles son las soluciones.

El problema detrás del problema:

Este medio NUEVAISLA.com ha publicado varios artículos relacionados a este tema y en uno de ellos se señala lo siguiente: “La Junta de Directores de esta corporación pública, tiene un historial nefasto de visible y/o aparente conflicto de intereses, posicionando como miembros a individuos que provienen de altas esferas administrativas de las aseguradoras, o viceversa: salen a ocupar puestos administrativos en estas.
O son individuos cuyos ingresos colaterales millonarios dependen de las aseguradoras y la relación contractual de éstas con el gobierno, atornillados en la Junta de Directores de ASES, en un claro conflicto de interés que La Fortaleza y la Legislatura conocen muy bien.
El gobernador envía los nombramientos y el Senado los ratifica, haciéndose de la vista larga.”
La medida pasa ahora al escritorio del gobernador para ser firmada, asegurando así una larga vida a una corporación pública identificada por muchos como una de las principales fuentes del problema de la administración de salud en Puerto Rico.