Tras la postura de hace unas semanas atrás, por parte de la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la ingeniera Maricarmen Zapata, alegando que los abonados que tienen sistemas solares para escapar de la dependencia energética de la deficiente y quebrada corporación pública, se exponen a un aumento en la tarifa como parte de la revisión tarifaria que están realizando, esto porque dizque la AEE le está pagando por tener el sistema y afecta a todos los demás abonados; se ha abierto una caja de Pandora y un potencial atropello en contra de los consumidores.

En sincronía y en ese marco, surge la iniciativa de la empresa operadora LUMA Energy, a cargo de la transmisión y distribución energética, de enviar cartas a estos abonados para el cobro de $300 para la realización de un “estudio suplementario” que no había sido autorizado por el Negociado de Energía (NE).

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, presentó en la sesión legislativa una solicitud oficial a LUMA Energy para que entregue toda la información relacionada al reclamo de $300 a los abonados con placas solares, para un alegado estudio que el consorcio energético dice necesitar.

«El mecanismo legislativo provee para que la Secretaría del Senado, se le exija a LUMA Energy la información en virtud de la Regla diez y ocho (18) del Reglamento del Senado. El presidente de LUMA Energy, Juan Saca, es el responsable de entregar la información en cinco (5) días laborables», señaló el senador.

Concretamente, LUMA debe proveer un narrativo sobre las motivaciones para realizar un cargo de $300 a los clientes conectados a sistemas de placas solares. De igual manera, que se informe la cantidad de clientes que actualmente están conectados a sistemas de medición neta, incluyendo el detalle de aquellos que son residenciales, comerciales e industriales.

El consorcio además debe entregar toda la información relacionada a los alegados estudios suplementarios que ellos entienden deben realizarse, incluyendo el nombre de las personas, entidades, o empresas subcontratadas que tendrían la tarea de llevar a cabo los estudios. El informe debe detallar las áreas donde llevaría a cabo los estudios

«Naturalmente, cualquier información que sea pertinente relacionado a este asunto, debe incluirse. Lo que aprobamos en el Senado va directamente al presidente y principal oficial ejecutivo de la LUMA Energy, Juan Saca, por medio de la Secretaría de este Alto Cuerpo. Nuestra misión es defender a los abonados que ya han hecho una fuerte inversión en placas solares, y ahora LUMA quiere hacer estudios a cargo de los consumidores», puntualizó Hernández Ortiz.